Completo consenso existe entre actores de la enseñanza, sobre la necesidad de retrasar hasta 2024 el traspaso de los próximos 6 servicios locales de educación pública, con el fin de subsanar una serie de problemas que se han presentado en la implementación del nuevo sistema.

Si bien todos coinciden en el aplazamiento, algunos creen que debería ser por al menos dos años, de manera que también se aborden los nudos de fondo que ha dejado la implementación de la ley de Nueva Educación Pública, que ya cuenta con 11 servicios locales en régimen que abarcan 41 comunas del país, a administrando 686 establecimientos educacionales y 150 jardines infantiles vía transferencia de fondo, alcanzando más de 183 mil estudiantes y 27 mil trabajadores.

El alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado, expuso ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados que la gran mayoría que está de acuerdo con retrasar el traspaso de los próximos servicios locales, no se opone al proceso de desmunicipalización, pese a los profundos cambios que requiere.

Fue el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, quien volvió a insistir en la posibilidad que algunos municipios puedan seguir administrando los colegios públicos, punto que el gobierno anterior repuso en un proyecto de ley, pero que fue rechazado por la Cámara.

Desde las distintas asociaciones de trabajadores de la educación municipal también valoraron el retraso de un año en los traspasos, haciendo el punto en la necesidad de corregir la ley y evitar la serie de despidos que ha significado la implementación de los nuevos servicios locales de educación pública.

José Torres, director la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y vocero de la Mesa Provincial del Archipiélago de Chiloé, señaló que urge una intervención del gobierno para evitar lo que denominó “una masacre laboral”.

Desde el ministerio de Educación ya comprometieron para el mes de un agosto, un proyecto de ley que abordará las dificultades que ha evidenciado la implementación de los primeros servicios locales y cuyos nudos han sido identificados por el comité de expertos que evalúa la norma.