Una operación conjunta entre el FBI, la DEA y el Consejo de Defensa del Estado permitió desbaratar el clan vinculado al lavado de dinero de carteles colombianos en Chile. Su caída significó destapar el caso más grande de blanqueo de activos en la historia criolla y uno de los mayores de América. Billetes de 500 euros eran traídos desde Colombia hacia nuestro país mediante "correos humanos", para posteriormente ingresarlos en Estados Unidos. A seis años de la condena de los Mazza, el CDE reflotó el caso mediante una querella criminal.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella criminal por el delito de negociación incompatible, en contra de Miguel Ángel Germán Cerda Vetter, abogado a cargo de la administración provisional de los bienes del llamado Clan Mazza.

La acción judicial, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a Cerda por diversos hechos, entre los que se detalla el cobro del doble de los honorarios que le correspondían, retribuciones de sueldos líquidos -cuando debían ser brutos-, pagos indebidos de indemnizaciones a profesionales a honorarios de su “staff” e irregularidades relacionados a ingresos no declarados e indemnizaciones, entre otros.

Fue el 8 de noviembre de 2010 el 34 Juzgado del Crimen nombró a Cerda como el administrador provisional de las empresas ligadas al clan liderado por Mauricio Mazza Alaluf, en el marco de la mega-investigación por lavado de dinero.

Se trata de un caso en el que confluyeron exorbitantes montos que manejaba el clan, el cual lavó dinero proveniente del narcotráfico colombiano en Chile, mediante sus casas de cambio. Recursos que luego eran enviados a Estados Unidos.

El fraude bordeó un monto cercano a los 400 millones de dólares, convirtiéndose así en la causa de lavado de activos más grande seguida en nuestro país, e incluso, en una de las de mayores descubiertas en América.

Los hechos

En el libelo, el CDE detalla que encargó un peritaje para revisar las cuentas del abogado debido a cuestionamientos sobre su labor. De esta manera, un perito de la lista de la Corte de Apelaciones de Santiago llevó a cabo un informe el cual arrojó que Cerda cobraba 2 millones 500 mil pesos por cada una de las dos sociedades que conforman el giro de casa de cambio, a instancias que el tribunal había fijado dicho honorario por ambas sociedades.

A su vez, el documento señala que se registraron “egresos para tomar depósitos plazo para indemnización de trabajadores. Se hizo inventario físico de esos depósitos a plazo y se pudo constatar que no existen. En total se trata de $58.000.000 que no constan físicamente”.

Por su parte, el perito constató la existencia de dos empresas que recibieron devoluciones que no fueron rendidas. “Se trata de 11 millones que no se
informaron”, se lee en el documento.

A su vez, se dejó constancia de pagos realizados al staff de Cerda de los cuales no existe evidencia que efectivamente se hayan realizado dichos trabajos, cuestionando además su necesidad para el negocio.

Pero eso no es todo. En enero de 2020 asumió el nuevo administrador provisional, Marcelo Aguayo Ávila, quien luego de contratar una nueva auditoría detectó nuevas irregularidades en cuanto a la labor de Cerda.

Específicamente, se descubrió que el abogado apuntado realizó pagos indebidos de indemnizaciones a miembros de su equipo, entre los que se encuentra su hermano, Dagoberto Cerda. Puntualmente, pagó finiquitos por término de relación laboral a tres personas por sumas que van desde los 12 millones hasta los 16 millones de pesos.

La querella detalla que no existía entre dichos profesionales y el administrador provisional de las sociedades incautadas “un contrato de trabajo que los ligara”, por lo que no existía obligación legal alguna “de efectuar esa disposición patrimonial con cargo al patrimonio de las empresas administradas, por cuanto expresamente según se acordó al momento de la contratación de los profesionales, solo existiría una ‘prestación de servicios a honorarios’, entre otras razones”.

Cerda ejerció dicho cargo desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 10 de abril de 2019.

Un multimillonario negocio

Fue el 7 de enero de 2016 cuando, tras ocho años de investigación, la justicia dictó sentencia contra todos los querellados. Y, además, se incautaron todos los bienes que utilizó la organización mientras lavó activos en el país.

Lo anterior fue logrado mediante el otrora departamento de control y tráfico ilícito de estupefacientes del CDE, a través de la cual intervino en la causa de acuerdo a la competencia que le otorgaba el antiguo sistema procesal penal en la investigación y persecución de este tipo de delitos.

El clan criminal era liderado por los primos Mauricio y Luis Mazza, quienes terminaron siendo condenados a 6 años de cárcel, mientras que los demás miembros de la banda recibieron 5 años y un día.

El decomiso de los bienes ordenado por el fallo fue avaluado en unos cinco millones de dólares, correspondiendo a locales comerciales y un piso completo en el edificio Torre de la Industria, en Vitacura, entre otros.

No obstante, si sumamos los bienes decomisados tanto en Estados Unidos como en Chile, la cifra bordea los 12 millones de dólares, equivalente a más del doble de lo que hasta ese entonces se había decomisado en el sistema procesal penal por lavado de activos.

El clan terminó siendo desbaratado en 2007 gracias a un trabajo de ocho años entre el Consejo de Defensa del Estado, la PDI y una fuerza de tarea multiagencia de Estados Unidos, compuesta por organismos como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y la IRS.

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Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

La organización, que operó en nuestro país, Estados Unidos y Colombia, trasladaba billetes de 500 euros desde Colombia hacia nuestro país mediante “correos humanos” para posteriormente ingresarlos en Estados Unidos y cambiarlos por dólares, los que finalmente se depositaban en empresas fachada.

Mauricio Mazza, uno de los cabecillas de la asociación criminal, fue detenido en Estados Unidos el 31 de marzo 2007 al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, California, con tres millones de euros en efectivo que no pudo justificar. Tres años después fue deportado a Chile. Los tribunales norteamericanos lo habían sentenciado a 48 meses de prisión, aunque la pena fue rebajada a 36 meses por su colaboración.