La justicia rechazó sobreseer a los ministros que están siendo indagados por un presunto delito de prevaricación judicial. Lo anterior tras la querella del abogado Fernando Leal por la revocación de una resolución dictada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, que en 2020 otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó sobreseer a los ministros de la Corte de Apelaciones capitalina y a una de la Suprema, indagados por el delito de prevaricación judicial.
La situación nace de una querella, presentada por el abogado Fernando Leal para investigar a un grupo de magistrados que, sin mediar apelación de por medio, suspendieron una decisión judicial del juez Daniel Urrutia, quien en marzo del año pasado, ante la llegada del covid, determinó modificar las medidas cautelares de 13 jóvenes en prisión preventiva acusados de formar parte de la “primera línea” en manifestaciones del estallido social.
Además, el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, solicitó acceder al tráfico de llamas y correos electrónicos de la ministra Dobra Lusic, lo que se deberá resolver en los próximos días.
El abogado Fernando Lea informó que se suspendió la audiencia para el 22 de febrero porque “ahí vamos a incluir la medida intrusiva que está solicitando el Ministerio Público, toda vez que a la defensa no le constaba el escrito en la cual la habían solicitado”.
Respecto al sobreseimiento que solicitaba la Defensoría Penal Pública en representación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, detalló que se desecharon los argumentos que acusaban una doble persecución y que la querellante no era legitimaria activa de la acción.
De la Corte de Apelaciones, los indagados en calidad de imputados son Guillermo de la Barra, Miguel Vásquez, María Soledad Melo, Jéssica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Riveros, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kistteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solis, Elsa Barrientos, Inelie Durán, Alberto Amiot, Rafael Andrade y Juan Carlos Silva Opazo. Además se suma la magistrada Adelita Revanalaes, de la Corte Suprema.
De acuerdo a lo informado por Daniel Urrutia, la ministra Dobra Lasic fue quien “provocó el Pleno y lo convocó en la praxis, refiriendo un relato del otrora presidente del tribunal Guillermo Crisosto en una conversación telefónica del mismo día 25 de marzo”.
Por ello, consideran necesario indagar si en el tráfico de llamadas se contienen comunicaciones u otros que justifiquen tal delación en la toma de decisión investigativa.
