Organizaciones de Derechos Humanos y la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile, cuestionaron la postulación de la abogada María Cristina Gajardo Harboe como ministra de la Corte Suprema.
El pasado 14 de diciembre, el Ministerio de Justicia informó que el presidente Sebastian Piñera, propuso oficialmente al Senado a Diego Simpértigue Limare y María Cristina Gajardo Harboe, como nuevos integrantes de la Corte Suprema.
De hecho, el próximo lunes la Comisión de Constitución del Senado tendrá una sesión en donde estará el ministro Hernán Larraín junto a Simpértigue y Gajardo, donde serán votadas sus nominaciones.
Destacar que Simpértigue postulará al cupo que dejó en la Corte Suprema la exministra Rosa María Maggi, mientras que María Cristina Gajardo buscará el cupo para la vacante externa destinada a abogados que no se hayan desempeñado como juez.
Las críticas al nombramiento de María Cristina Gajardo
Sin embargo, el nombramiento de Gajardo generó rechazo entre agrupaciones de Derechos Humanos, tal como sucedió hace unos meses con Jean Pierre Matus, quien pese a los cuestionamientos, igualmente resultó electo como ministro del máximo tribunal del país.
Precisamente, a Gajardo le critican haber sido partidaria de rebajar la pena a los condenados por crímenes de lesa humanidad, basado en el tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho.
Esta práctica ha sido denunciada y condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo de impunidad.
Así lo señaló en su oportunidad, por ejemplo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en una declaración pública.
Londres 38 acusa falta de “escrutinio público”
Algo similar cuestionó el espacio de memorias Londres 38, que puso el acento en la falta de “escrutinio público” en estos procesos de nombramiento de autoridades del Poder Judicial, según señalaron en una declaración pública.
Al respecto, la abogada de esta última organización, Karinna Fernández, cuestionó los procesos de nombramiento donde no participa la sociedad civil, en lo que debiera ser un estándar mínimo para la elección de altos cargos judiciales.
“El escuchar qué tienen que decir la sociedad civil, la academia, las asociaciones de víctimas y otros actores que intervienen justamente en los procesos judiciales, es crucial para tener transparencia en los nombramientos de las altas cortes”, señaló.
En ese sentido, Fernández apuntó a la necesidad de dar confianza a la ciudadanía, sobre todo en la medida que los candidatos no arrastren cuestionamientos, según señaló a BioBioChile.
“Esto se ha traducido en la práctica que se proponen candidatos por la Presidencia, que no tienen la confianza de la ciudadanía, y que además arrastran cuestionamientos que se hacen públicos sólo cuando va al Senado, donde se abre un pequeño espacio para que las organizaciones o personas puedan ingresar cartas para hacer comentarios”, explicó la jurista.
Cuestionan criterio en casos de DDHH
Durante este año, los nombramientos para la Corte Suprema no han estado exento de polémicas, desde la fallida postulación de Raúl Mera, hasta la de Jean Pierre Matus, por su “historial” de resoluciones respecto a casos de Derechos Humanos.
Y en el caso de María Cristina Gajardo, cuestionan que en su rol de abogada integrante de la Corte Suprema, no aceptara “la fuerza vinculante de los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile”.
“Particularmente respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, la abogada se ha opuesto directamente al ejercicio del control de convencionalidad, contradiciendo incluso lo sostenido por la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema”, agregan.
Al respecto, la abogada Fernández explica que Gajardo “se ha opuesto a aplicar los tratados internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana (de DDHH), en un caso específico como es el caso Maldonado Vargas versus Chile, donde se establece la anulación de los consejos de guerra”.
Abogados laboralistas cuestionan nombramiento
A los cuestionamientos desde organizaciones de Derechos Humanos, también se sumó la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile (AGAL), quienes mostraron su rechazo al nombramiento en una carta abierta enviada a los senadores.
Y es que su nombramiento la colocaría en la Cuarta Sala de la Corte Suprema, denominada Sala Laboral, donde precisamente se ventilan este tipo de juicios.
En la misiva señalan que “la señalada designación nos parece que no se condice con las exigencias técnicas requeridas para el buen desempeño del cargo ni con el cumplimiento de las garantías fundamentales de las personas establecidas en nuestro Ordenamiento Jurídico”.
“Dicha designación, además, implicaría un profundo retroceso respecto de los avances alcanzados por la doctrina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Chile y el mundo entero, de tal manera que solicitamos a los Honorables Senadores, no aprobar dicho nombramiento”, agregan.
Según sostienen, María Cristina Gajardo Harboe, quien se desempeña como asesora de empresas en cobranza laboral, ha sostenido -en términos doctrinarios- posiciones interpretativas de la ley laboral minoritarias y debatidas críticamente por la doctrina laboralista.
“Destaca en sus pronunciamientos el no otorgamiento de fuerza vinculante de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, particularmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, dicen.
“Preocupa nombramiento una magistrada que se haya destacado por resolver asuntos laborales sobre la base de criterios propios del Derecho Civil y de acuerdo a intereses manifiestamente “pro empresariales”, careciendo de las competencias jurídico doctrinarias en materia laboral necesarias para desempeñar el cargo de ministra de la cuarta sala de la Corte Suprema”, añaden.
Revisa la declaración a continuación:
Recordemos que para ser ratificados, Diego Simpértigue y María Cristina Gajardo necesitarán el apoyo de 2/3 del Senado, es decir, 29 votos.
Un nombramiento que debería estar resuelto antes de terminar el mandato del presidente Piñera, el 11 de marzo.
