La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) insistirá en la denuncia ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, en contra del presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional decidió no iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social contra el presidente Piñera.

No obstante, uno de los denunciantes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), adelantó a BioBioChile que insistirán ante la instancia, sumando nuevos antecedentes.

Esto último, principalmente porque en la notificación que fue enviada desde La Haya, indica textualmente que la decisión puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información.

Así lo destacó el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, en conversación con BioBioChile.

“Hay que tener presente que la decisión anunciada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de no continuar con el examen ante la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el presidente de la República y demás autoridades políticas, policiales y militares, no es definitiva”, sostuvo.

CCHDH presentará nuevos antecedentes

“Se puede reconsiderar si se presentan nuevos antecedentes, cuestión que nosotros vamos a hacer”, adelantó Margotta.

“En los próximos días presentaremos nuevos antecedentes relativos a la denuncia ya presentada con el objeto de confirmar y reafirmar el que a partir de octubre de 2019 se produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos”, insistió.

En ese sentido, agregó que muchos de los delitos ocurridos en el denominado estallido social, son constitutivos de crímenes contra la humanidad, que están descritos y sancionados en el Estatuto de Roma.

“Habilitan por lo tanto de que el conocimiento de dichos crímenes contra la humanidad, sean conocidos por la Corte Penal Internacional”, concluyó.

Desmienten que se haya “desestimado” la denuncia

A través de comunicado, asimismo, la CCHDH desmintió categóricamente que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya “desestimado” el requerimiento para investigar los crímenes denunciados.

“Esta es una información errónea que induce a confusión de la opinión pública, pues deliberadamente se presenta como una decisión definitiva que exculparía a los denunciados, lo que está bastante lejos de la realidad”, aseguraron en un comunicado público.

Según señalan, en su razonamiento, la Oficina de la Fiscalía tiene por establecidas las violaciones a los derechos humanos.

“El comunicado indica que de la información disponible aparece que producto del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza se causaron “varios asesinatos y miles de lesiones a los manifestantes”, así como “a abusos graves y malos tratos, incluyendo abusos de índole sexual”, y añade que tales hechos pueden ser considerados “actos subyacentes (delitos bases)” de crímenes de lesa humanidad”, agregan.

Sin embargo, se señala que la Oficina de la Fiscalía decide no abrir, de momento, un
examen preliminar, porque a pesar de las críticas y demoras, los tribunales chilenos están actuando.

A esto se suma un segundo punto, respecto a que con la información disponible en estos momentos, tiene dudas de si los “actos que forman parte de un ataque dirigido contra la población civil se cometieron de conformidad con, o en promoción de, una política estatal u organizada”.

En ese sentido, adelantaron que aportarán próximamente nuevos antecedentes destinados a acreditar que la violencia contra los manifestantes fue organizada y obedeció a una política estatal, y que fue deliberadamente dirigida o bien tolerada por los denunciados.

“Nos mantendremos vigilantes respecto del curso de las investigaciones que se siguen en Chile, en términos de determinar si existe una falta de voluntad real o incapacidad de investigar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo quienes detentaron los más altos cargos políticos, policiales y militares”, concluyen.

Revisa el comunicado público a continuación: