A 20 años de la derogación de la pena de muerte en Chile, sigue abierto el debate en torno a su reposición y que se profundizó tras el caso de Tomás Bravo y de los asesinatos de los pequeños Itan y Tamara en el contexto de las encerronas.
De hecho, fue el padre de la menor, Raúl Moya, quien -tras una reunión con el presidente de la República, Sebastián Piñera- pidió restablecer la pena capital para quienes cometan delitos contra niños.
Sin embargo, el Ejecutivo, en voz del ministro vocero Jaime Bellolio, descartó de plano la idea, recalcado el compromiso con el Pacto San José, que prohíbe reponer el castigo.
Una postura que también fue compartida por el diputado RN y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, Luis Pardo, quien apuntó a impulsar un cambio profundo en la aplicación de las penas.
La diputada del PPD, Andrea Parra, también integrante de la instancia, sostuvo que la reposición de la pena de muerte debería quedar expresamente prohibida en la nueva constitución y criticó que candidatos presidenciales apoyen la medida.
Esto, en referencia a la diputada y carta del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien mediante una publicación de Twitter- que posteriormente borró- reconoció estar a favor “en casos de crímenes de alta gravedad que afectan a niños, niñas o adolescentes”.
La pena de muerte fue abolida el 3 de abril de 2001 durante el Gobierno de Ricardo Lagos, siendo su última aplicación, eso sí, el 29 de enero de 1985 cuando fueron fusilados los excarabineros Jorge Sagredo y Alberto Topp Collins, mejor conocidos como los “psicópatas de Viña del Mar”.
