El pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó en estudio la solicitud de desafuero del senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, formalizado por el delito reiterado de tráfico de influencias. La defensa del congresista insistió en que los delitos no deben transformarse en una plasticina.
En agosto del año pasado la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente le imputó ese ilícito porque la investigación reveló que Ossandón realizó presiones al concejo de Pirque para favorecer un convenio con la empresa Cavilú SpA, en la que participa su hijo Nicolás Ossandón Lira.
En esa oportunidad, el ente persecutor no pidió medidas cautelares porque no lo consideró necesario y además tampoco podía porque tenía fuero parlamentario. En enero el Ministerio Público solicitó su desafuero para poder acusarlo y llevarlo a juicio oral.
En ese sentido, este lunes se realizaron los alegatos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que dejó en espera la resolución.
El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, enfatizó que el único interés de Ossandón es particular: “Bien veremos en estos hechos que nada de lo que ha hecho el senador se podría inscribir respecto de lo que podríamos entender por funciones propias de un parlamentario al tenor de la Constitución y la Ley: Favorecer o intervenir, ejerciendo influencia en funcionarios públicos, para favorecer los intereses de el señor Nicolás Ossandón Lira, que es su hijo, a través de su condición de socio de (…) una sociedad creada para tal efecto”.
“Esta actitud magnánima que nos pretenden hacer creer o interés por la ciudadanía no es real. El verdadero interés dice relación con el favorecimiento de un interés particular”, sostuvo.
Uno de los abogados defensores del congresista, Samuel Donoso, descartó que su representado haya sido autor de tráfico de influencias y enfatizó que los tipos penales no se deben transformar en una plasticina.
“Qué clase de ejercicios de la influencia es ir a aconsejar, a recomendar, ‘oiga, yo creo que es bueno mantener el convenio conjunto’. Eso no es influencia, influencia es exigir, eso es influencia, exigir el resultado de una determinada línea. Uno no puede, su señoría ilustrísima, transformar los tipos penales en una verdadera plasticina”, sostuvo.
En esa línea, se cuestonó: “¿Cuál es el interés económico?, ¿El tiempo que va a perder el concejal, el tiempo que va a perder el que va a la reunión?, ¿Dónde está el tipo penal su señoría?”.
Recordemos que hay dos querellantes en la causa, el Consejo de Defensa del Estado y el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, quien además es primo del senador, y que de hecho, la investigación penal fue por una denuncia y querella de él.
