A un mes de que se cumpla un año del denominado estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mostró su preocupación por el avance que han tenido las causas relacionadas con violencia a civiles por parte de agentes del Estado. De las 2.499 querellas presentadas por la entidad a nivel nacional, sólo 28 se encuentran formalizadas, y hay 68 personas imputadas.
Por ejemplo, de las 169 acciones judiciales por traumas oculares, sólo 3 tienen formalizados y presentan avances en las indagatorias. Puntualmente, se trata de los casos de Fabiola Campillai, Gustavo Gatica y Brandón González.
Desde el INDH han señalado que la lentitud en las indagatorias puede dar cierta sensación de impunidad en la sociedad. Así, en los consejos del organismo se ha planteado que debiese existir más personal de la Brigada de Derechos Humanos en regiones y potenciar el Servicio Médico Legal para los peritajes.
Francisco Bustos, uno de los abogados querellantes en la causa de Moisés Órdenes, hombre que fue golpeado por Carabineros en Plaza Nuñoa, se refirió a esta situación.
El abogado experto en derechos humanos, Cristián Cruz, plantea que son 3 los factores que han contribuido en la lentitud de las investigaciones: que ha existido obstrucción a la justicia, un apoyo desde las policías a los funcionarios investigados y además, que el gobierno ha tenido una actitud pasiva.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos además detalló que la gran mayoría de las querellas presentadas por el organismo, un 93% puntualmente, son contra carabineros.
