Hace prácticamente un año el Ministerio de Defensa presentó un protocolo de denuncias por acoso sexual o laboral para las Fuerzas Armadas, como respuesta a un problema que se ha hecho común en las filas de los uniformados.
Alejandra Ponce, una funcionaria del Ejército, tuvo una desagradable sorpresa cuando llegó en febrero de 2016 al Regimiento Nº 6 “Chacabuco” de Concepción, al descubrir que uno de sus superiores era el teniente coronel Marcelo Elzo Silva, con quien arrastraba una polémica desde su anterior destinación en Los Ángeles, por la reparación de una casa fiscal.
De acuerdo a la denuncia, al poco tiempo de su arribo como Empleada Civil de Planta (ECP), Alejandra comenzó a ser hostigada hasta marzo de 2016, cuando salió con licencia por un embarazo de alto riesgo.
Cinco meses más tarde le llegó un documento en donde -en términos simples- se le cuestionaba el no estar haciendo uso de una licencia médica en su domicilio, entre el 13 y el 15 de julio, según una fiscalización que supuestamente había realizado el propio comandante Elzo.
Sin embargo, en esos días la autoridad castrense no estaba de servicio, puesto que se encontraba con permiso según los registros de la institución. Pero además, en esa fecha Alejandra debió ser trasladada hasta el Hospital Naval de Talcahuano en una ambulancia del propio regimiento, debido a complicaciones en su embarazo.
Ante lo sucedido, la funcionaria interpuso una denuncia en la Fiscalía Militar Letrada de Concepción por el delito de Falsedad (Causa 773-2016), por lo cual Marcelo Elzo Silva fue procesado y quedó detenido en el regimiento de Chillán, pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.
No obstante, Alejandra fue sacada de la causa por el fiscal militar con lo cual no pudo tener más acceso al expediente, siendo el caso finalmente sobreseído en enero del año pasado.
Tras una larga disputa, la funcionaria logró acceder al documento descubriendo presuntas irregularidades, por lo que pidió más información a través del Consejo Para la Transparencia. Con estos nuevos antecedentes, solicitó a la Fiscalía Militar desarchivar el caso mediante un recurso de reconsideración, en donde apuntan además al comandante del Regimiento Nº 6 “Chacabuco”, teniente coronel Gonzalo Cubillos, como encubridor.
Actualmente, el comandante Elzo desarrolla funciones como jefe de la Sección de Auditoría Interna.
El acoso laboral
Luego del postnatal, en julio de 2017 Alejandra regresó al regimiento Chacabuco donde debió enfrentar otras complicaciones, de acuerdo a la denuncia: no tenía una descripción de su cargo para desempeñarse en su profesión como ingeniera en Administración de Empresas, no tenía oficina, ni un computador. Además, acusó que sus compañeros no le hablaban por indicación de sus superiores, mientras que su jefe directo le decía que “sobraba” en esa unidad.
Finalmente en octubre de 2018 el tema estalló, luego de un duro cruce verbal con el comandante Elzo, decidiendo presentar la denuncia por acoso laboral. En esta investigación, además, se acusa falsificación de documentación, prevaricación e incluso el hackeo de una cuenta de Facebook.
En la actualidad, Alejandra Ponce se encuentra con licencia médica psiquiátrica con reposo absoluto.
Consultados por BioBioChile, desde el Ejército declinaron referirse al tema por tratarse de investigaciones sumarias que aun no se encuentran finalizadas.
“Queremos que se cuente la verdad”
El esposo de Alejandra, el comandante en retiro Luis Hurtado, asegura que lo único que buscan con el recurso de reconsideración, es transparencia y llegar a la verdad.
“Lo que se busca, sobre todo con el sumario de acoso laboral, es que se transparenten los procesos y se hagan las cosas como se tienen que hacer conforme al debido proceso y se cuente la verdad. Y no que cuando uno revisa el expediente, se encuentre con novedades como documentos falsificados”, señaló a BioBioChile.
En ese sentido, mostró su desazón con lo sucedido, tomando en cuenta que él también fue parte de la institución armada.
“Me duele que después de 32 años trabajando en el Ejército, me encuentre con situaciones de acoso laboral contra mi señora, contra una funcionaria que ya lleva 22 años trabajando en la institución y que por gente malintencionada tengamos que pasar malos ratos. Y más todavía cuando mi señora con todo esto se enfermó de fibromialgia y que la va a tener que llevar de por vida”, lamentó.
De todas maneras, el comandante (r) Hurtado asegura que se trata de un hecho aislado al interior del Ejército. Aunque, apuntó a los mandos al interior del regimiento Chacabuco, tomando en cuenta que ya van tres casos de acoso laboral en el último tiempo.
“Puede ser que en esta unidad en específico en Concepción, hayan tocado malos mandos y que justamente no sea el único caso. Entonces, algo está pasando con esos mandos específicamente”, cuestionó.
Chacabuco, un regimiento polémico
No es la primera vez que las autoridades del regimiento Chacabuco se ven envueltos en una polémica por denuncias de acoso y discriminación.
En mayo de 2019, una funcionaria del Ejército acusó haber sido acosada por sus superiores tras negarse a ocultar la pérdida de material militar desde el recinto militar.
Según denunció la instructora de infantería, Sandra Contreras Campos, en julio de 2018 se ocultó el robo de tres chalecos antibalas, un porta cargador de munición, un porta bolsa de hidratación y un porta granada.
Luego de negarse a guardar silencio sobre la pérdida del material, asegura la funcionaria del Ejército, comenzó a ser acosada laboralmente.
Poco después de este caso, en junio del año pasado, un instructor de soldados conscriptos acusó haber sido discriminado por su orientación sexual por parte del coronel Gonzalo Cubillos Schmied, el mismo que también es apuntado en el caso de Alejandra Ponce.
De acuerdo a la versión del cabo segundo, Michael Sepúlveda, el oficial le habría dicho “usted se vería mejor con una coipa de color rosa”.
Si bien el afectado denunció los hechos a la Brigada Maule, superior jerárquico del Regimiento Chacabuco, se instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia e insubordinación, tras lo cual incluso fue detenido.
Finalmente la Corte Marcial revocó el procesamiento que la Fiscalía Militar había dictado y recuperó su libertad.
Protocolo para denunciar
Las autoridades políticas intentaron tomar cartas en el asunto. En marzo de 2019, el ministro de Defensa, Alberto Espina, firmó el Protocolo Conjunto por Acoso Sexual o Laboral en las Fuerzas Armadas, para establecer un procedimiento de actuación común.
Se trata de un proceso formal para recibir, derivar y acompañar denuncias de acoso sexual o laboral, donde se ofrecen las medidas de protección necesarias, tanto psicológicas como jurídicas o administrativas a la o las víctimas durante y luego de finalizado el procedimiento, según publicó el Ministerio de Defensa.
En la oportunidad, Espina destacó que “se está cumpliendo una premisa básica, en las Fuerzas Armadas las mujeres tienen igualdad de trato y de derecho que los hombres, y si eso por alguien es vulnerado, será dura y drásticamente sancionado”.
En mayo de 2018 la propia cartera pidió a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas informar las denuncias de acoso laboral y sexual, recibiendo más de un centenar de acusaciones.
Según publicó Canal 13, a enero de 2019 se contabilizaron 129 denuncias de acoso sexual o laboral, las que han dejado como saldo 5 efectivos dados de baja.
De acuerdo a los datos, 65 corresponden a denuncias por acoso sexual, donde las víctimas en su mayoría fueron mujeres (60). De estos casos, 21 terminaron en sanción, 8 sin culpables y 36 se mantienen en investigación. Asimismo, 37 denuncias están vinculadas al Ejército, 15 a la Fuerza Aérea y 13 a la Armada.
Sobre denuncias de acoso laboral, las estadísticas muestran 64 casos, de los cuales 15 terminaron en una sanción, 8 resultaron sin culpables, mientras 45 aún se están investigando.
Del total de acusaciones, 22 corresponden al Ejército, 28 a la FACh y 14 a la Armada.
