El Senado firmó la noche del miércoles un acuerdo por la paz, los derechos humanos y orden público para encaminar al país a un proceso de reunificación social, e instó al Gobierno a implementar una agenda de profundos cambios estructurales.
En una declaración conjunta, senadores oficialistas y de oposición manifestaron la necesidad de que Chile se encamine “a un proceso de reunificación cívica y social” mediante un “esfuerzo económico significativo, un compromiso político y social inequívoco con la democracia, y un inmediato fin a la violencia”, tras 41 días de convulsión en la que han muerto 23 personas.
“Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que, por lo mismo, requieren de soluciones excepcionales”, declaró Jaime Quintana, presidente del Senado.
En ese sentido, agregó que ven “con gran preocupación que día a día se suceden nuevos hechos de violencia que afectan la vida y el trabajo de nuestros compatriotas. Chile vive días críticos. Días de dolor social y destrozo material; días de angustia para los cuales el país no estaba preparado”.
“Creemos que la democracia, el orden público y los derechos humanos son plenamente compatibles y las autoridades deben velar por su respeto”, agregó Quintana.
El documento contiene cuatro puntos en los que el Senado pide al Gobierno “implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país”, ante las manifestaciones que demandaban mejores pensiones, salud, educación y una nueva Constitución.
No obstante, los movimientos sociales consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta por las autoridades para cumplir con sus exigencias.
“Llevamos semanas llegando tarde y con medidas insuficientes. Todos hemos llegado tarde, hemos fallado, no hemos estado a la altura”, admitió Quintana.
Además, los senadores se comprometieron a lograr avances en proyectos de ley para reformar Carabineros –fuertemente cuestionados por su accionar en las protestas- y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y los distintos hechos de violencia que se han desatado en el país.
Finalmente, pidieron al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales de justicia identificar a los responsables de los disturbios y que utilicen “las herramientas constitucionales” que poseen para restablecer el orden público, la seguridad del país y velar por los Derechos Humanos.
El presidente Sebastián Piñera ha admitido que Carabineros se encuentra “sobrepasado” por las protestas y los disturbios ocurridos durante esta crisis, la peor que ha visto en Chile en tres décadas.
