La Asociación de Visitadores Médicos de Chile cuestionó la iniciativa parlamentaria conocida como “Fármacos 2”, que fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados y que pretende modificar el Código Sanitario para regular la prescripción y venta de medicamentos, obligando a médicos a recetar en primera instancia el insumo genérico.
El gremio ya había advertido en marzo que la iniciativa generaría una pérdida de empleos, acotando también que la iniciativa no avala la libre decisión del paciente. Dichas preocupaciones fueron entonces descartadas desde la comisión de Salud de la Cámara.
Este jueves, en tanto, la Asociación complementó su llamado asegurando que, aunque apoyan el espíritu de la propuesta de el bien mayor y el beneficio para la población, serían 6.000 los empleos que se perderían de entrar en vigencia la ley.
Apuntan específicamente contra 2 artículos de la ley, los cuales -aseguran- “responsabilizan a los visitadores médicos del sobreprecio de los medicamentos, blindando a los verdaderos responsables: las tres cadenas farmacéuticas concentradas –otrora, coludidas-, que controlan el 90% del mercado y definen los precios directos al consumidor, vendiendo a 5, 6 o más veces el valor al que la cadena compra el producto al fabricante”.
Es con este fundamento que en el artículo 129, acusan, “pretende prohibirse tácitamente la actividad de los visitadores médicos, en establecimientos de salud públicos como privados, limitando su actividad de informar sobre las particularidades de productos e innovaciones terapéuticas exclusivamente a miembros de comités de farmacia o similares”.
“Originalmente, el proyecto prohibía la integración vertical de farmacias y laboratorios, factor determinante en el alto precio de los medicamentos, pero aquello inexplicablemente se desechó, así como el énfasis en el aseguramiento de la calidad y la intercambiablidad de fármacos con el mismo principio activo, asegurando su equivalencia terapéutica con el fármaco original de investigación”, sostuvieron.
Por otro lado, apuntaron que “tenemos la convicción de que el artículo 101, que prohíbe a los médicos prescribir marcas, obligándolos a utilizar exclusivamente las de Denominación Común Internacional (principio activo), podría ser muy beneficioso para el consumidor final (paciente) en un mercado altamente competitivo. Ese no es el caso chileno: las tres farmacias que controlan el 90% del mercado, y que no son tocadas en este proyecto, tendrán ahora la potestad de decidir a qué laboratorio va a beneficiar en cada una de las ventas que haga”.
