Un grupo de vehículos a gran velocidad ingresan por la estrecha calle Delfos, haciendo sonar sus bocinas y en medio de ráfagas de disparos de armas de grueso calibre, realizando peligrosas maniobras.
No se trata de una escena de alguna película, sino es lo sucedido durante la madrugada del martes en la población Santa Inés de Conchalí, en el marco de un “narcovelorio”, tras la muerte de un integrante del clan Los Reyes, conocido con el alias de “Pollito”.
La aparatosa “ceremonia” se repitió durante dos noches seguidas, pese al continuo reclamo de los vecinos, quienes atemorizados sólo atinaron a encerrarse en sus casas ante el riesgo de ser alcanzados por alguna de las cientos de balas disparadas al aire.
En lo que se está transformando en una triste tradición, cada velorio de algún integrante de una banda delictual, es despedido “en su ley”, es decir, con fuegos de artificio y disparos al aire.
En este caso se trató de Bastián López Reyes, de 19 años. El joven fue ultimado en la calle en las afueras de su casa por un grupo de sujetos que se desplazaban en un automóvil, desde donde lanzaron una ráfaga de disparos, durante la noche del domingo.
Familiares del joven intentaron socorrerlo, siendo trasladado hasta el hospital San José, donde finalmente dejó de existir.
Según informa Página7, Bastián era parte del clan Los Reyes y solo cursó hasta quinto básico en un colegio particular de Conchalí, pero repitió. Finalmente no retomó sus estudios, tal como lo evidencian los antecedentes del Ministerio de Educación.
Si bien creció en un ambiente ligado a la delincuencia, no tenía condenas ni detenciones en su historial. No obstante, su madre, Johana Reyes Mardones, posee prontuario por infracciones a la Ley 20 de Drogas, y actualmente se mantiene recluida en el Centro de Cumplimiento Penintenciario en Chillán, imputada por los mismos delitos.
Pese a que la víctima no tenía antecedentes, el Ministerio Público junto al OS-9 de Carabineros se encuentran investigando el hecho con una hipótesis clara: un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
Johana Reyes fue detenida en enero de 2018 por personal del OS-7 de Carabineros en Chillán, luego de ser sorprendida junto a su actual pareja, Alex Villagrán, con más de dos kilos de cocaína y marihuana, droga que pretendían vender a otra traficante de la ciudad.
Precisamente, tras el crimen de su hijo, la mujer elevó una solicitud a través de su abogado al Juzgado de Garantía de Chillán, para obtener un permiso especial para salir al frontis de la cárcel junto a su pareja, y despedir a su hijo. Esto se concretó el martes a eso del mediodía bajo un amplio operativo de seguridad en conjunto entre Gendarmería y Carabineros, dándose cumplimiento a la orden judicial según consta en documentos obtenidos por BioBiochile.
Pero lejos de calmarse los ánimos, los incidentes en Conchalí continuaron, pese a la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE).
Sin embargo, aún no se conocen mayores avances en la investigación del asesinato, como tampoco se ha informado de personas detenidas, ni menos de alguna incautación de armas, pese al evidente poder de fuego evidenciado en las últimas jornadas.
Todo en medio de insistentes críticas de parte de los vecinos, quienes cuestionan la pasividad de la policía uniformada, a quienes acusan de reaccionar tardíamente ante las balaceras.
“Esto viene de años. Resulta que aquí por ejemplo, en el invierno pasado, mataron a un joven del pasaje frente al mío y salieron arrancando unos jóvenes por venganza entre ellos. Me parece que este niño que mataron, es de la banda contraria a ellos”, señaló uno de los vecinos, que pidió reserva de su identidad por miedo.
“Aquí tienen que meter militares. Los carabineros no se la pueden con ellos. No podemos dormir con los balazos, los fuegos artificiales al aire. Esto ya es tierra de nadie”, agregó en contacto con el matinal de Chilevisión.
“Yo no duermo, mi familia no duerme. Estamos pendientes, uno piensa que una bala le va a llegar. El Gobierno tiene que hacer algo mucho más pesado, sino puede Carabineros, que sean militares, porque ya estamos hartos”, finalizó.
Al respecto, el coronel Andrés Merino, prefecto de la Zona Norte de Carabineros, dijo a Radio Bío Bío que lo sucedido se explica porque ellos tenían una planificación de servicios para las 20:00 horas y los hechos comenzaron dos horas antes.
Pese a esto, dijo que “no es un error en la planificación porque ante la escasez de información que existe estimamos un horario y sobre la base de eso es que actuamos”.
No obstante, los cuestionamientos van más allá del justificado temor de los vecinos, debido a que recién en abril pasado la Fiscalía Metropolitana Sur, dirigida entonces por el ahora flamante secretario del Senado, el exfiscal Raúl Guzmán, había presentado un plan multisectorial para enfrentar la violencia en funerales.
Dentro de las instituciones involucradas en ese programa estaba la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio Público, además de Carabineros y la PDI, entre otras instituciones.
El plan en el que trabajan las autoridades consiste en establecer siete etapas para frenar la violencia en en los velorios. Por ejemplo, detectar la muerte de alguna persona vinculada a bandas criminales, sus cercanos, lugar dónde se realizaría su funeral, entre otras.
También identificar si en el cortejo fúnebre hay vehículos que hayan estado involucrados en hechos delictuales y que Carabineros resguarde el trayecto de la caravana.
Y si bien la firma del plan se esperaba para el pasado lunes, aún “faltan cosas por definirse”, según sostuvieron fuentes conocedoras del proceso.
Alcaldes de la región Metropolitana han apuntado sus críticas al Gobierno ante el retraso, calificando como un “fracaso” lo sucedido.
El alcalde de La Granja y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, aseguró que en los funerales de delincuentes el Estado de Derecho desaparece.
En esa línea, el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, coincidió con Delpin y aseguró que es preocupante que se incumplan los acuerdos entre las instituciones a la hora de enfrentar este tipo de funerales.
Mientras, desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que el convenio se firmaría recién la próxima semana.
Pero además, recalcó que Carabineros “tiene que actuar” ante estos hechos de violencia.
El llamado al parecer surtió algún efecto, debido a que durante la noche del miércoles, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar del velorio apoyados con carros lanza aguas y lanza gases, registrándose nuevamente serios incidentes que terminaron con seis detenidos.
El coronel Andrés Merino Calvo, de la Prefectura Norte, señaló que se habló con los familiares para que no continuaran con los desórdenes y disparos. Frente a la negativa, se debió actuar con los efectivos policiales que se mantienen de punto fijo en el sector.
Tras los graves incidentes registrados, vecinos y familiares del fallecido denunciaron abuso excesivo de Carabineros en contra de menores de edad, donde señalaron que al menos cinco niños fueron derivados a un recinto asistencial por problemas respiratorios ante a la gran cantidad de gas lacrimógeno que se utilizó.
Pese a todo, la presencia masiva de personal policial se mantuvo, realizándose controles aleatorios, para evitar nuevos hechos de violencia, con disparos y fuegos artificiales. Pero de igual forma continuaron registrándose desórdenes.
Ante las críticas, la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, salió a respaldar el actuar que ha tenido Carabineros, enfatizando en que “los protocolos son siempre perfeccionables. Este es un fenómeno complejo que debemos enfrentar ahora, nuevo, que tiene mucha aristas”.
Asimismo, enfatizó en que si Carabineros actúa, “como gobierno lo vamos a respaldar”.
