La defensa del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, solicitará a la justicia que la Fiscalía revele los delitos por los que está siendo investigado.
La petición será formulada en la audiencia de “cautelar de garantías” que se fijó para este martes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a la que fue citado el fiscal José Morales.
El persecutor en 2016 interrogó en dos oportunidades al general retirado y mantiene en su poder un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), que reveló una serie de traspasos a cuentas corrientes nacionales y extranjeras por casi 8 mil millones de pesos entre 2008 y 2015.
La ministra en visita Romy Rutherford mantiene al ex comandante en jefe del Ejército detenido en la cárcel del Batallón de Policía Militar ubicada en la comuna de Peñalolén y procesado por malversación de caudales por un monto total de 3 mil 500 millones de pesos.
Ante esta resolución de la justicia castrense, el fiscal nacional Jorge Abott adelantó que Fuente-Alba sería formalizado prontamente por el delito de lavado de dinero –que habría usado para ocultar el origen de su patrimonio–, poniéndole presión al fiscal Morales.
Para el abogado que denunció el Caso Milicogate, Cristián Cruz, el Ministerio Público ha estado “al debe” en estas indagatorias.
“No sé si hay un temor reverencial”, expresó Cruz. “No sólo con el señor Vidal, sino que con otros políticos que terminan siendo contratados por el Ejército o las otras ramas castrenses, eso lleva a una inhabilidad porque aquí se inhiben de la persecución porque nadie está dispuesto a morder la mano que el día de mañana te da de comer”, agregó.
En caso de la jueza Rutherford además está procesado otro ex comandante en jefe del Ejército, el general retirado Humberto Oviedo.
Para el senador y miembro de la comisión de defensa, Carlos Bianchi, el Ministerio Público y el sistema antiguo de justicia deberían indagar a todos los últimos jefes castrenses.
“Me parece que esa es la única forma de darle garantía al país de que esto es un nunca más con respecto a abusos en materia de usos indebidos de recursos públicos”, aseguró Bianchi.
Fuente-Alba, que está procesado por malversación de caudales públicos por la justicia militar, podría sumar una formalización por lavado de activos y además recibiría cargos por falsear sus declaraciones juradas a la Contraloría, esto último pues aseguraba que los dineros de los gastos reservados eran utilizados en inteligencia y contrainteligencia, como lo estipula la ley, en circunstancias que después reconoció que los utilizó para fines diversos, como el pago de sobresueldos a la oficialidad.
