En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto de reajuste de 3,5% a las remuneraciones del sector público, a partir del 1 de diciembre de 2018.
La iniciativa, despachada en primer trámite el martes recién pasado, fue analizada este jueves a la luz de dos cambios acotados que se le realizó en el Senado, que perfeccionaron normas introducidas al texto por la Cámara y que se relacionan con los asistentes de la educación.
Los diputados definieron que los asistentes de la educación que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Chiloé y Palena, de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de vacaciones extendidas en cinco días hábiles. El Senado vino a complementar esta disposición agregando al listado a la región de Arica y Parinacota y a las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.
Además, se precisó la redacción de la norma relativa a la entrada en vigencia (1 de enero de 2019) de algunas medidas contempladas en la Ley 19.464, que establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal asistente de la educación.
Ambas modificaciones fueron ratificadas por 126 votos a favor y dos en contra.
Durante el debate, los legisladores insistieron en la importancia de las negociaciones llevadas a cabo con los gremios del sector público y en la necesidad de mantener la estabilidad del sistema, para lo cual pidieron el fiel cumplimiento de parte del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en el proceso, en particular en torno a no incurrir en nuevos despidos injustificados y en revisar los casos en que no hubo fundamento.
Asimismo, parte de la discusión también estuvo centrada en el tema de las brechas salariales en el ámbito público y en resaltar que ni el Senado ni el Gobierno insistieran en definir un reajuste para las altas autoridades del país, que originalmente se proyectaba en un 2,9% y que la Cámara redujo a cero.