Las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejos (ambas del Partido Comunista), Camila Rojas (Izquierda Autónoma) y Maite Orsini (Revolución Democrática) cuestionaron un proyecto presentado por una mesa de trabajo del Ministerio de Justicia que buscaría tipificar en el Código Penal los delitos de violación dependiendo del nivel de violencia y “resistencia” de la víctima.

En concreto, la propuesta separaría las violaciones “con violencia y “con abuso”; lo que distinguiría a la segunda de la primera es el aprovechamiento de la privación de sentido por enajenación o trastorno mental de la víctima, o por la grave dificultad de ésta para resistir.

En el caso de las primeras, las penas estarían entre los 5 y los 10 años, y en las segundas entre los 3 y los 7 años.

Asimismo, el ante proyecto propondría rebajar la edad para consentir en materia sexual hasta los 12 años, desde los 14 actuales.

Al respecto, la Cariola cuestionó que “hemos avanzado precisamente en un debate con la necesidad de modificar el delito de violación. Siempre sin consentimiento hay violación. Lo presentamos, los ministros dijeron que iban a estudiar el proyecto, pero ahora nos dimos cuenta que en este preproyecto hay un retroceso brutal.“.

“Hoy día se pone con mayor fuerza la carga en la resistencia que pueda poner la víctima, si la víctima no se resiste no hay como probar la violación según lo que esta cambiando el gobierno”, sostuvo. “Todas las violaciones en menores de 14 años se consideraban carga penal, pero con este preproyecto lo que se hace es bajar esto a 12 años y eso atenta contra el derecho de las mujeres”.

En ese sentido, la diputada comunista Camila Vallejo enfatizó la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley que incorpora el consentimiento como elemento central para la definición del delito.

En la misma línea, la diputada Rojas emplazó directamente a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a que intervenga en esta y otras políticas gubernamentales que van en desmedro de los derechos de la mujer.

Por su parte, la activista Claudia Dides, fundadora de la Fundación Miles, aseguró que no espera un apoyo a esta iniciativa en el parlamento, ya que sería un retroceso.

Antes de ser enviado al Congreso, el proyecto pasará por una revisión general por parte del Ministerio de Justicia, para su posterior discusión parlamentaria.