A horas de que el proyecto Aula Segura sea votado en general y particular por la Sala del Senado, el Gobierno analiza a contrarreloj nuevas indicaciones presentadas por la oposición en busca de un acuerdo que destrabe la tramitación de la iniciativa y frene las intenciones del oficialismo de llevar la discusión hasta el Tribunal Constitucional.
Las nuevas indicaciones redactadas por parlamentarios de la oposición, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Educación, son tres.
La primera restablece la expulsión y cancelación de matrícula en la redacción explícita del proyecto de ley, luego de que este martes se sacaran dichas referencias -por considerarlas ya establecidas en la legislación vigente- y se exaltara la figura de la suspensión como medida cautelar mientras durase la investigación en contra de aquel estudiante que participe en hechos graves de violencia.
Otra indicación va en el tenor de lo aprobado ayer respecto de la obligación que tendrán los colegios, en un plazo máximo de 90 días luego de publicada la ley, para actualizar los manuales de convivencia.
La oposición retoma aquí los conceptos de daños, así como los de porte o tenencia de armas y artefactos explosivos, que fueron extraídos de la iniciativa, lo que el Gobierno consideró ayer como un intento de desnaturalizar el proyecto. Sin embargo, la nueva indicación pide que se explicite el tema de las amenazas y agresiones de carácter sexual, que no eran consideradas en el texto inicial.
Por último, la tercera indicación agrega que siempre se entenderá que afectan gravemente a la convivencia escolar, los actos que causen daños a la integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa, o de terceros que estén dentro del establecimiento y aquellos que dañen la infraestructura del colegio.
Recordemos que el oficialismo anunció ayer que, tras los cambios impuestos al proyecto por la oposición -en una nueva derrota política del Mineduc, la futura ley así aprobada sería llevada hasta el Tribunal Constitucional.
Los firmantes de esta última propuesta fueron Yasna Provoste (DC), Jaime Quintana (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD).
