Una supuesta gestora inmobiliaria, que opera bajo los nombres de fantasía “Ávila & Asociados SpA”, “Pisón SpA” y “Asesorías Habitacionales Ávila y Asociados Limitada”, está bajo la lupa del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) luego que decenas de personas denunciaran haberse visto afectadas por sus supuestos servicios.
Exigiendo una renta mínima de $450 mil, la firma asegura gestionar mutuos hipotecarios, créditos flexibles, leasing habitacional -e incluso el subsidio estatal para la vivienda-, para que los interesados “cumplan el sueño de la casa propia”, promociona en redes sociales.
No obstante, el Sernac detectó que sus servicios están al margen de la normativa. Entre las infracciones se encuentran la falta de información en sus condiciones de contratación, la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos y la prestación de servicios de forma negligente.
El Sernac interpuso una demanda colectiva en contra de “Ávila & Asociados SpA”, “Pisón SpA” y “Asesorías Habitacionales Ávila y Asociados Limitada”; y le exigió devolver los dineros que cobró a los clientes por conceptos de supuestos trámites.
Incumplimientos y faltas a la Ley del Consumidor
Tras una minuciosa investigación, el Sernac interpuso una demanda colectiva en contra de las empresas “Ávila & Asociados SpA”, “Pisón SpA” y “Asesorías Habitacionales Ávila y Asociados Limitada” “por una serie de infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores”.
Según la indagatoria, estas empresas -que prestan servicios de asesoría y gestión hipotecaria- no informan veraz y oportunamente las condiciones mínimas de contratación, incluyen cláusulas abusivas en sus contratos y prestan servicios de forma negligente, todas acciones “estrictamente prohibidas” en la normativa legal vigente.
En términos específicos, al contratar los servicios de gestión para la compra o arriendo con opción de compra de una propiedad, las personas consumidoras acusan que las empresas les habrían solicitado el pago del precio y gastos operacionales sin que haya existido una prestación efectiva del servicio o aduciendo, de forma posterior al pago y por diversos motivos, que no es factible el financiamiento de la operación.
Ante las consultas y exigencias de restitución por parte de los afectados, las empresas no han respondido y, en caso de hacerlo, no han entregado una respuesta satisfactoria.
Hasta el momento, el Sernac ha recibido numerosos reclamos por este caso, que motivó la acción judicial y que pretende que las empresas devuelvan el dinero de los consumidores afectados y se declaren nulas las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de prestación de servicios.
Junto con lo anterior, el Servicio buscará que paguen indemnizaciones a aquellos consumidores que no recibieron el servicio contratado.
Asimismo, se buscará que las tres empresas respondan como un solo grupo económico, evitando así que eludan su responsabilidad tras distintas razones sociales.
Las multas que podrían pesar contra los responsables podrían ser de al menos 1.800 UTM, es decir, unos $125 millones.
Enviando corrección, espere un momento...
