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Viernes 19 octubre de 2018 | Publicado a las 14:23 · Actualizado a las 15:47
Gobierno de Bachelet redujo sanciones de Contraloría contra funcionarios a días del cambio de mando
Publicado por: Matías Vega
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El 8 de marzo, a pocos días del cambio de mando, el gobierno de Michelle Bachelet redujo las sanciones dictadas por Contraloría contra Cristián Riquelme, exadministrador de La Moneda, y absolvió a otros tres inculpados.

Los cuatro funcionarios (uno de los cuales seguiría en el cargo) habían sido investigados por adjudicar millonarios contratos a provedores vinculados con Riquelme entre 2013 y 2015.

Se trataría de Comercial A y R, que había pasado a manos de su esposa, y Greentec, que estaba a cargo de su exsocio.

A una semana de la publicación de Ciper Chile, Riquelme renunció a su cargo para evitar una nueva crisis en el Gobierno.

Finalmente, tras investigar, Contraloría resolvió proponer a la administración de Bachelet una serie de sanciones contra los 4 implicados. Para Riquelme, se propuso suspenderle del cargo (que ya no ocupaba) por 30 días, con goce del 50% de su sueldo, que alcanzaba los $7.765.741 en bruto.

Esta sanci√≥n fue rebajada por el Ministerio del Interior de la administraci√≥n Bachelet a una “Censura”, que es la medida disciplinaria m√°s baja para una falta administrativa, seg√ļn public√≥ La Tercera.

Para Germ√°n Yovane Monetta, jefe del Departamento Jur√≠dico, quien a√ļn se mantendr√≠a en el cargo, se le propuso multas del 15% de su sueldo. Para Natalie Vilches Jara, exjefa de Abastecimiento de La Moneda, y para √ďscar Sandoval Navarrete, quien tom√≥ el puesto de Riquelme tras su renuncia, se propuso una sanci√≥n del 20% de su remuneraci√≥n.

Sin embargo, con la firma de los decretos 397 y 398 por parte del Ministerio del Interior el 8 de marzo de 2018, los tres fueron absueltos, decisi√≥n que luego fue a manos de Contralor√≠a para su toma de raz√≥n. La instancia respondi√≥ el 11 de septiembre de 2018, acusando que la resoluci√≥n “no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial”.

Seg√ļn constat√≥ el medio, el contralor Jorge Berm√ļdez respondi√≥ que la rebaja a las sanciones “no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario”.

Defendi√≥ que la investigaci√≥n realiz√≥ “todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones”, y que las sanciones propuestas se basan en “omisiones en la fundamentaci√≥n de las causales de contrataci√≥n directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigaci√≥n”.

En este sentido, defendi√≥ que “no existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los √ļnicos que cumpl√≠an, en cada caso, con los requisitos de discreci√≥n y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la Rep√ļblica. Asimismo, es importante destacar el car√°cter p√ļblico de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas se√Īaladas en cada uno de los cargos”.

Tras esto, una copia del dictamen pas√≥ a manos de la administraci√≥n de Sebasti√°n Pi√Īera a fin de que “realicen una nueva ponderaci√≥n de la documentaci√≥n contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicaci√≥n de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados”.

Pese a que algunos de los sancionados ya cesaron en sus cargos, quedarían notas de demérito en su hoja de vida, lo que afectaría su futuro en caso de que quisiesen volver a trabajar para el Estado.

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