Tres condenados a presidio perpetuo por la violación con homicidio de una niña, un niño y una adolescente, respectivamente, se encuentran en las nóminas presentadas por Gendarmería a las Comisiones de Libertad Condicional de las regiones de Valparaíso, BíoBío y Metropolitana. Sus integrantes, -ministros de cortes de Apelaciones, jueces de Garantía y de tribunales Oral en lo Penal-, deberán decidir durante octubre si conceden o no este beneficio a los condenados, quienes cometieron dichos crímenes en 1998.

“Ninguno de los tres condenados cumple con el requisito que estipula la ley vigente respecto al otorgamiento de libertad condicional, puesto que no se encuentran corregidos ni rehabilitados para la vida social”, comenta Karin Hein, abogada de Fundación Amparo y Justicia.

Esta organización representó a las familias afectadas durante cada uno de los juicios y, hasta la fecha, les otorga apoyo psicosocial. “En el marco de los procesos judiciales de dichos casos, el Servicio Médico Legal (SML) efectuó informes que confirman que los condenados poseen rasgos de personalidad psicopática. Esto, sumado a la inexistencia de programas de rehabilitación efectiva y a la propia fenomenología de las agresiones sexuales, nos lleva a sostener que su libertad constituiría un riesgo para la sociedad y para los niños, niñas y adolescentes en particular”, agregó la profesional.

De acuerdo a la ONG, la comunidad digital no ha estado ajena a la situación, solicitando a través del hashtag #CondenaEfectiva que las Comisiones de Libertad Condicional –una de las cuales comienza a sesionar el lunes 8 de octubre- consideren los antecedentes psicológicos de los condenados.

Por su parte, la psicóloga de Fundación Amparo y Justicia, Asunción Luksic, añade que “para las familias afectadas no es indiferente que los homicidas de sus hijas e hijos cumplan su condena encarcelados o en libertad. De hecho, su libertad condicional podría afectar significativamente los procesos terapéuticos de las familias, ya que podrían interpretar este beneficio como un acto de injusticia, teniendo presente las expectativas que se formaron cuando los agresores fueron condenados a presidio perpetuo”.