La Alianza Anticorrupción, liderada en Chile por la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaboró ocho propuestas legislativas para enfrentar la corrupción que esta jornada fueron entregadas al Ejecutivo.
Esas iniciativas son mejorar la protección de los denunciantes, regular la “puerta giratoria” en el sector público, establecer el concurso público como regla general para acceder a ese tipo de cargos, extender el sistema de ChileCompra, incorporar normas sobre la recuperación de activos, extender sistemas de integridad y códigos de ética, fortalecer las facultades sancionatorias y de control y ampliar las competencias del Tribunal de Contratación Pública.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, destacó las iniciativas que también está impulsando el Gobierno al respecto.
La Moneda trabaja en tres ejes, según señaló el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Uno de ellos es una política de datos abiertos, así como también la agenda anticorrupción, el cual buscan desarrollar mediante el envío del proyecto de ley de seguridad pública y el fortalecimiento del sistema de transparencia.
La idea del Ejecutivo es presentar una parte de esas iniciativas durante junio o los primeros días de julio. El secretario de Estado dijo que se enfocarán también en enfrentar el nepotismo.
Pese a ello, unos 1.600 millones de pesos serán recortados al presupuesto destinado a la Contraloría, como parte de la austeridad fiscal que impulsa el Gobierno.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, lamentó esa medida.
Al respecto, el contralor Bermúdez dijo que el actual presupuesto del organismo es “bastante acotado” y que lo deseable es que la Contraloría tenga autonomía presupuestaria.
