El Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile expuso su postura contra la venta de medicamentos en góndolas y supermercados luego de las indicaciones presentadas por el presidente Piñera al proyecto de Ley de Fármacos II.

A través de un comunicado firmado por Mauricio Huberman Rodríguez, presidente nacional de la entidad profesional, se mostraron abiertos a mejorar el acceso a medicamentos a precio razonable, pero al mismo tiempo lanzaron sus conjeturas respecto a la venta de aquellos que no requieren receta.

Lo anterior, ya que su uso “no implica que éstos no puedan causar graves efectos adversos derivados de su uso indiscriminado y de eventuales errores derivados de la automedicación”.

Por ello, señalan que “la trascendencia que tiene en la vida humana el uso de medicamentos, hace indispensable el control del Estado en todas las fases de generación del producto farmacéutico, incluida la dispensación”.

Incluso, apuntan a que otros países como Argentina han revertido esta medida, dado los nocivos efectos tanto para la salud pública como para la economía y seguridad.

“Es una iniciativa irresponsable y altamente riesgosa para la salud de la población. La automedicación puede derivar en un aumento del gasto en salud a mediano plazo, ello porque ningún medicamento es inofensivo, toda persona es potencialmente susceptible a sufrir alguna reacción adversa”, enfatizaron.

En la misma línea, Patricio Silva, exsubsecretario de salud y decano de la Facultad de Salud de Universidad Central, “esta medida de disponerlos en las góndolas de los supermercados puede ser incluso peligrosa, ya que aumentaría el riesgo de la automedicación entre la población”.

En tanto, en la búsqueda de abaratar los medicamentos, que en nuestro país sin duda tienen un alto costo, explicó que la Ley de Fármacos II también apunta a transparentar toda la cadena de producción, desde su fabricación hasta el punto de compra. “Esto es especialmente relevante dado que la mayoría de los medicamentos proviene de grandes transnacionales farmacéuticas y, en cierta medida, los altos valores estarían definidos desde el extranjero”.

En ese contexto, Huberman recalca que “lo lógico sería lograr una política pública de fármacos coherente con otras iniciativas de salud pública, con énfasis en enfermedades crónicas, como los antihipertensivos o antidepresivos, o de importancia en el ciclo vital como anticonceptivos. La revisión de temas como la regulación de precios y la cobertura, deben correlacionarse a la seguridad social.