Uno de los países que más medidas ha tomado contra la migración es Australia, gracias a su polémica operación “Fronteras Soberanas“, que derivó en la instalación de dos centros de retención ubicados en la isla de Manus en Papúa Nueva Guinea y Nauru.
Pese a que este martes, el país oceánico aceptó cerrar el campo de Manus, tras un acuerdo con el gobierno de Papúa Nueva Guinea, no se anunció una fecha en específico y el primer ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton, dijo que igualmente no aceptarán refugiados en su país.
La criticada política australiana en materia de inmigración sufrió en abril un primer revés, cuando la corte suprema papú estimó “ilegal y anticonstitucional” que Australia traslade a solicitantes de asilo a este campo de detención situado en territorio papú.
“Papúa Nueva Guinea y Australia están de acuerdo en que se debe cerrar el centro”, declaró en un comunicado el primer ministro papú, Peter O’Neill, tras conversar en Port Moresby con el ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos critican con severidad la política australiana y no paran de denunciar las condiciones de vida de los migrantes en Manus y Nauru.
De acuerdo al informe de Amnistía Internacional del periodo 2015/2016 al 30 de noviembre de 2015, había 926 personas recluidas en Papúa Nueva Guinea, , mientras en Nauru la cifra llega en torno a las 1200 personas, muchos de las cuales son menores de edad, de acuerdo a un reporte publicad a principios de agosto.
Un reportaje de la misma ONG muestra que en el lugar las personas son sometidas a diferentes abusos y a una violación constante a sus derechos humanos, entre los que van abusos sexuales, agresiones físicas y falta de condiciones sanitarias.
La denuncia no sólo termina ahí, además el informe señala que autoridades australianas han hecho acuerdos con traficantes de personas, para entregar a solicitantes de asilo y que no entren a su territorio.
Además, el gobierno propuso una ley que permitiría al personal de los centros de detención de inmigrantes utilizar la fuerza, incluida fuerza letal, contra cualquier persona recluida en ellos y suprimía la supervisión judicial.
Por otra parte, el ejecutivo aprobó la Ley de Fuerza de Frontera de 2015, que contemplaba condenas de cárcel para funcionarios y personal contratado, incluidos profesionales de la salud y de atención a la infancia, que denunciaran abusos contra los derechos humanos cometidos en centros de detención de inmigrantes.
También, la marina intercepta sistemáticamente los barcos con migrantes, que devuelve hacia su punto de tránsito, a menudo Indonesia.
Australia afirma que esta política permite salvar vidas. En junio, el primer ministro Malcolm Turnbull había afirmado que se impidió la llegada a territorio australiano a 28 embarcaciones que transportaban un total de 734 personas, desde la llegada de los conservadores al poder en septiembre de 2013.
Muchos informes documentan agresiones físicas y psicológicas en estos campos, y graves problemas mentales de los refugiados que viven indefinidamente sin ninguna perspectiva de salir.
