Minuciosas investigaciones realizan ONGs, civiles y países como Francia para determinar eventuales crímenes de guerra cometidos por Rusia en su invasión a Ucrania. Con fotografías, videos y declaraciones de testigos buscan acreditar violaciones a los derechos humanos y el uso de armas prohibidas por el derecho internacional.
Numerosas ONGs, civiles y Estados se han comprometido en la recolección de pruebas sobre presuntas violaciones y crímenes de guerra perpetrados en territorio ucraniano tras la invasión rusa. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que su país ha enviado expertos para ayudar en estas operaciones.
Desde los primeros bombardeos rusos contra Ucrania, numerosos militares, civiles y expertos ucranianos han ido reuniendo pruebas sobre este conflicto. Uno de ellos es Yaropolk Brynykh, de la ONG ucraniana Truth Hounds, quien desde 2014 realiza investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en su país.
Recolección de pruebas
Según reporta la cadena France Info, Brynykn y su equipo de observadores ha recorrido 156.000 kilómetros en Ucrania, interrogado a 1.500 testigos y completado unos 20 expedientes.
La recolección de pruebas ha sido una de las características de la guerra en Ucrania. En la era de las redes sociales y la hiper-conectividad, millones de videos y fotografías tomados por sobrevivientes o testigos de este conflicto, han circulado en Internet.
El ejército ucraniano también ha documentado la guerra y recolectado pruebas con el objetivo de probar que Rusia ha cometido crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos y utilizado armas prohibidas por el derecho internacional.
A principios de marzo, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derecho Humanos de la ONU abrieron una investigación sobre presuntos crímenes de guerra perpetrados en Ucrania. Los documentos y testimonios recolectados podrían servir para juzgar y condenar en un futuro a los responsables de estas exacciones.
Expedientes
Las jurisdicciones nacionales también pueden decidir abrir expedientes sobre el tema. Lo ha hecho Ucrania, según anunció el mandatario Volodimir Zelenski, así como países como Suecia o Alemania, en virtud de la “jurisdicción universal” que se aplica en caso de crímenes de guerra.
Este mecanismo otorga a un Estado el “derecho de enjuiciar a los criminales, aunque no haya vínculo alguno entre ese crimen y dicho Estado”; el objetivo de esta jurisdicción internacional es enjuiciar y castigar a los perpetradores de crímenes de guerra y luchar contra la impunidad.
El viernes, el presidente Emmanuel Macron afirmó que Francia estaba recabando pruebas sobre los “crímenes de guerra perpetrados por los rusos” en Ucrania y detalló que “gendarmes y magistrados franceses” habían sido enviados para ayudar a los ucranianos a demostrar la culpabilidad de los soldados rusos y a identificarlos.
“Todos nos hemos indignado con las imágenes de Bucha hace unos días, o Kramatorsk, o lo que vimos en Mariúpol o Járkov”, e infelizmente seguiremos viendo más imágenes atroces en otras ciudades”, dijo Macron.
Según el mandatario francés, “los servicios franceses han logrado desmantelar la mentira del Estado ruso que consistía en afirmar que no habían sido ellos quienes cometieron estos crímenes contra los civiles ucranianos”.
Difícil imputar delitos
Ni la CPI ni los Estados pueden enjuiciar a los ejércitos, sino a individuos, lo que significa que las investigaciones deben remontar la cadena de responsabilidades.
“Imputar crímenes a militares es particularmente complejo, en especial cuando se trata de los rangos más altos”, explicó el profesor universitario Julián Fernández a la radio France Info.
Además, no todas las investigaciones terminan en juicio contra los responsables. En primer lugar, porque para llegar a un juicio, la investigación puede tardar años. A eso se suma que la CPI no posee efectivos para detener a presuntos criminales de guerra; solo puede emitir mandatos internacionales de arresto, supeditados a la voluntad de los Estados de extraditar a las personas concernidas.
En caso de que se demostrara la responsabilidad de Vladimir Putin, su extradición parece poco probable. Moscú se retiró del Estatuto de Roma, texto fundador de la CPI y para que haya juicio en La Haya, es fundamental que el acusado esté presente.
