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Una jueza federal bloqueó el miércoles el intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, lo cual representó un duro revés para el presidente en sus esfuerzos por poner fin a un derecho protegido por la Constitución. La magistrada Deborah Boardman dictaminó que la orden ejecutiva de Trump entra en conflicto con la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. Este fallo se suma a una suspensión previa emitida por un juez en Washington, que calificó la medida de "descaradamente inconstitucional". Trump planea apelar la decisión.

Una jueza federal bloqueó este miércoles 05 de febrero el intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un duro golpe para las pretensiones del presidente de poner fin a un derecho consagrado en la Constitución.

El fallo prohíbe indefinidamente la aplicación de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump, que debía entrar en vigor en todo el país el 19 de febrero.

“La negación del preciado derecho a la ciudadanía causará un daño irreparable”, dijo la jueza de distrito Deborah Boardman durante una audiencia en un tribunal de Maryland.

Destacó que los precedentes de la Corte Suprema protegen la ciudadanía por nacimiento y agregó que la orden de Trump “entra en conflicto con el lenguaje llano de la 14ª Enmienda”, informó el Washington Post.

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“Ningún tribunal del país ha respaldado nunca la interpretación del Presidente”, dijo. “Esta corte no será la primera“, añadió.

La orden judicial se suma a una suspensión de 14 días emitida en enero por el juez federal del estado de Washington John Coughenour, que consideró el decreto “descaradamente inconstitucional”. Trump declaró entonces que pensaba apelar el fallo.

La ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrada en la Constitución de Estados Unidos bajo la 14ª Enmienda, que decreta que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump se basa en la idea de que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos ilegalmente, o con una visa, no está “sujeta a la jurisdicción” del país y, por lo tanto, queda excluida de esta categoría.

Sus detractores argumentan que la enmienda, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recuperarse de la Guerra Civil, lleva más de un siglo vigente.