El secretario de Estado de Estados Unidos, reprobó la inhabilitación de tres precandidatos opositores, entre ellos María Corina Machado.
Venezuela envía un “mensaje opuesto” a elecciones libres al inhabilitar dirigentes opositores de cara a las presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro buscará la reelección, dijo este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una visita a Guyana.
“Hay una serie de pasos que el régimen en Caracas puede tomar para demostrar que busca el camino hacia elecciones libres y justas” y la inhabilitación de precandidatos como María Corina Machado, anunciada el viernes pasado, “ciertamente envía el mensaje opuesto”, expresó Blinken.
“Pienso que es profundamente desafortunado”, añadió en una rueda de prensa tras una reunión con el presidente guyanés, Irfaan Ali.
Tres de los principales aspirantes en las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, están inhabilitados: el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, Machado y Freddy Superlano, postulado por el partido de Juan Guaidó luego de que este huyera a Estados Unidos. Los tres han dicho que van a participar de las primarias.
Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso a Venezuela si hay avances en acuerdos entre Maduro y la oposición de cara a las elecciones del próximo año, aún sin fecha fijada.
“Las sanciones son un medio para un fin y ese fin es ayudar al deseo del pueblo venezolano de restaurar la democracia y (…) eso empieza con elecciones libres y justas”, subrayó el secretario de Estado de EEUU, quien llegó a Guyana procedente de Trinidad y Tobago, donde participó en la cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Diputada entre 2011 y 2014, Machado había sido inhabilitada por 12 meses por la Contraloría en julio de 2015. Sin embargo, la semana pasada, ese organismo notificó que la sanción fue extendida a 15 años, el máximo establecido por la ley.
La Contraloría vinculó a la exdiputada con casos de “corrupción” vinculados con Guaidó, reconocido entre enero 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por Washington y medio centenar de gobiernos, después de que el grueso de la oposición denunciara como un “fraude” la reelección de Maduro en 2018.
