Los recientes ataques de las fuerzas de la junta birmana contra civiles en la frontera han causado una nueva oleada de refugiados a Tailandia, donde activistas acusan a los militares tailandeses de expulsar a algunos de los birmanos que huyen.
En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores tailandés, Tanee Sangrat, indicó este lunes que está trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras ONG para abordar la situación en la frontera con Birmana (Myanmar) y prestar la ayuda necesaria.
Desde el pasado 15 de diciembre, los militares birmanos han bombardeado con aviones de combate y artillería zonas civiles en el oriental estado Karen, provocando el desplazamiento de unos 10.000 civiles, de los que unos 6.000 han cruzado a Tailandia, según diversas ONG de Birmania (Myanmar).
Algunos proyectiles llegaron a impactar muy cerca o incluso en territorio tailandés.
Presuntas devoluciones de refugiados
La portavoz de la Organización de Mujeres Karen, Naw K’Nyaw Paw, señaló a Efe que los militares tailandeses están acogiendo a los civiles que escapan de la violencia, pero que los obligan a volver a su país cuando los combates se calman.
“No les permiten estar mucho tiempo (en Tailandia). La política de Tailandia es no aceptar más refugiados, pero los acogen por razones humanitarias cuando están disparando. Les dejan estar unos días, luego tienen que volver”, aseguró Naw K’Nyaw Paw.
La activista afirmó que los militares tailandeses son responsables de la gestión de emergencia en la frontera con Birmania, aunque en ocasiones son particulares y ONG locales los que prestan la ayuda inmediata a los refugiados.
Naw K’Nyaw Paw insistió en que los militares volverán a enviar a los refugiados a Birmania, donde considera que padecen graves carencias y peligro por los ataques militares.
En un comunicado conjunto, varias embajadas, entre ellas las de Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, condenaron el viernes las violaciones contra los derechos humanos por los ataques militares contra los civiles en Karen, también conocido como Kayin.
“Los recientes ataques contra civiles en el estado Karen, incluido el bombardeo de aldeas, son una violación de las leyes humanitarias internacionales y deben pararse”, dice el comunicado.
Sin embargo, la junta birmana negó hoy que sus fuerzas estén atacando a civiles y criticó a las embajadas por usar información “falsa” e entrometerse en los asuntos internos del país, según una nota de prensa publicada en el diario oficialista “Global New Light of Myanmar”.
El Ministerio birmano de Exteriores argumentó que las informaciones proceden de “elementos antigubernamentales, terroristas y grupos insurgentes” que no han sido verificadas.
Karen es uno de los estados donde se ha exacerbado el conflicto del Ejército birmano con las guerrillas étnicas y con milicias civiles creadas a raíz de la violencia de la junta contra los manifestantes contrarios al golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
El pasado abril, los militares birmanos provocaron el desplazamiento de al menos 6.000 personas al atacar objetivos civiles en Karen, donde se estima que hay más de 45.000 desplazados tras décadas de conflicto armado.
Civiles asesinados y quemados
La junta militar también está siendo duramente criticada por la muerte de 35 personas que fueron quemadas el pasado 24 de diciembre en el estado Kayah, otra zona en conflicto en el este del país.
El coordinador de Naciones Unidas para la ayuda de emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, condenó el domingo la masacre y la desaparición de dos trabajadores humanitarios de la ONG Save The Children ocurridas el día Nochebuena en la población birmana de Moso, en Kayah.
“Informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, incluido al menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas”, aseguró Griffiths en un comunicado en el que se mostró “horrorizado” por lo ocurrido.
Save The Children informó la víspera de que sus dos trabajadores continúan desaparecidos y subrayó que, “según los informes, los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos”.
Birmania ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, actualmente bajo arresto.
Tras casi once meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1.375 muertos, según una organización de activistas birmanos.
