Cientos de manifestantes se congregaron el viernes ante una universidad de Rangún, en la mayor protesta contra el golpe de Estado que derrocó esta semana en Birmania al gobierno de Aung San Suu Kyi, mientras el ejército sigue arrestando a políticos y activistas.
“Mientras [los militares] conserven el poder, no vendremos a trabajar. Si todos hacemos eso, su sistema se va a derrumbar”, declaró a la Agence France-Presse Win Win Maw, profesor del departamento de Historia.
Los manifestantes, en su mayoría profesores y alumnos, realizaron el saludo con tres dedos levantados, un gesto de resistencia, y cantaron una música que se hizo popular durante la revuelta de 1988, violentamente reprimida por el ejército birmano.
Además, gritaron “¡Larga vida a la madre Suu!”, en referencia a la líder de facto del gobierno depuesto que, según su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), se encuentra en “arresto domiciliario” en la capital, Naipyidó, y con buena salud.
Funcionarios de varios ministerios dejaron también temporalmente de trabajar en la capital, siguiendo los pasos de abogados y médicos que la víspera participaron en las protestas portando una cinta roja.
En Rangún, sus habitantes sonaron bocinas y golpearon cacerolas por tercera noche consecutiva para “expulsar a los demonios”, los militares.
Decenas de detenciones
Los generales, que el lunes pusieron fin de forma abrupta a la frágil transición democrática del país, seguían deteniendo a personas, pese a las condenas internacionales.
Win Htein, de 79 años y veterano de la LND, “fue detenido en el domicilio de su hija” el viernes de madrugada en Rangún, indicó el portavoz del partido.
“Sé que me van a detener, pero no me preocupa. Estamos acostumbrados a la lucha pacífica”, había declarado el miércoles a Radio Francia Internacional Win Htein, que pasó detenido más de 20 años, cuando gobernaba la junta entre 1989 y 2010.
Cuatro días después del arresto de Aung San Suu Kyi, acusada de vulnerar una confusa norma comercial, cerca de 150 responsables políticos han sido detenidos, según datos de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, una ONG basada en Rangún.
Los acontecimientos en Birmania han generado una profunda inquietud internacional.
El presidente estadounidense, Joe Biden, instó el jueves a los generales birmanos a “renunciar al poder” sin condiciones, mientras su administración se plantea imponer “sanciones específicas” contra los militares golpistas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su “profunda preocupación” y pidió “la liberación de todos los detenidos”.
Este texto, redactado por Reino Unido, no condena el golpe militar, como se había contemplado inicialmente. China y Rusia, que tienen poder de veto, se opusieron a una condena explícita.
Apoyo de Pekín
Pekín sigue siendo el principal respaldo de Birmania en la ONU. Con motivo de la crisis de los rohinyás, obstaculizó todas las iniciativas al considerar ese conflicto un asunto interno birmano.
El miedo sigue muy presente en Birmania, que ya ha vivido cerca de 50 años bajo un régimen militar desde su independencia en 1948.
Pero desde las últimas represiones de 1988 y de 2007, la situación ha cambiado: los birmanos se sirven ahora de internet para resistir.
En Facebook, la puerta de entrada a internet para millones de habitantes, se crearon grupos que llaman a la “desobediencia civil”.
Como respuesta, el ejército ha ordenado a los proveedores de internet del país que bloqueen el acceso a la plataforma. Este viernes, sus servicios siguen perturbados.
El jefe del ejército, Min Aung Hlaing, que concentra la mayoría del poder, justificó el golpe alegando “enormes” fraudes en las legislativas de noviembre, ganadas de forma holgada por la LND.
En realidad, según los analistas, los generales temían que, pese a una Constitución que les es muy favorable, su influencia disminuyera tras la victoria electoral de la Premio Nobel de la Paz 1991.
Los militares, que instauraron el estado de emergencia por un año, han prometido elecciones libres al cabo de este período.
