La incorporación del Perú al Escudo de las Américas ha generado varias interrogantes sobre la transparencia con la que se tomó la decisión y las consecuencias que podría tener para el país, principalmente en el resguardo de su soberanía y la relación con China, su principal socio comercial.
La adhesión, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori, fue presentada inicialmente bajo el ámbito de la lucha contra la criminalidad, pero el contenido de la declaración conjunta de los países miembros muestra que sus alcances son mayores, por lo que las críticas aparecieron rápidamente en Perú y Chile.
Una columna publicada en BioBioChile por el exministro de Justicia Jaime Gajardo cuestionó que varios de esos aspectos no fueran informados inicialmente: “Nada de eso se mencionó al país y eso ya es un problema en cuanto a la transparencia democrática que se requiere en temas tan delicados”.
Incluso, diputados de oposición recurrieron a la Contraloría chilena argumentando que el mecanismo contiene compromisos sobre soberanía, minerales críticos, inteligencia y seguridad que, en su opinión, debieron ser discutidos por el Congreso. “Es un tratado internacional encubierto”, dijeron.
Aunque en Perú el tema no ha trascendido tanto como en Chile, debido a que la oposición en el Congreso peruano está más abocada al debate para otorgarle facultades al Ejecutivo en diferentes materias, como la seguridad interna, sí surgieron voces políticas críticas.
“Primero, había cierto ocultismo. Debería haber total transparencia. No se sabía de qué trataba y se hablaba solo de estrategias militares. Ahora sabemos que implica otros aspectos”, dijo, por ejemplo, Víctor Piñan, diputado del partido Obras, al diario La República.
En ese contexto, BioBioChile conversó con tres especialistas peruanos en temas internacionales que plantean dudas sobre cómo se produjo la incorporación del Perú y, especialmente, sobre lo que podría venir después.
“Tiene que pasar por control político”
Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuestionó de manera directa la forma en que Perú se incorporó. “A mí me parece que aunque el Escudo de las Américas no implique un tratado, sí creo que tiene que pasar por control político. Concretamente en Perú y en Chile tendría que pasar por el Congreso”, afirma.
La discusión es importante porque los alcances del mecanismo, según la declaración conjunta, van más allá de la cooperación policial. “El Escudo de las Américas no es solo una alianza para combatir la criminalidad y la migración ilegal, como se ha afirmado, sino también es una alianza política”, sostiene Escobar.
Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico del Perú, también cuestionó la ausencia de un debate previo y la celeridad de la decisión. “Estamos hablando de que el canciller recién asumió funciones el 31 de julio y ya, en menos de 60 días, tenemos un acuerdo firmado. Entonces, creo que ahí está un poco ese debate, si esto debe haber pasado por algún tipo de filtro”, señala.
Su comentario se refiere especialmente a la falta de conversación política en diferentes instancias. “En las comisiones de Seguridad, en la Comisión de Defensa, no ha habido una discusión previa. Creo que ahí sí, de alguna u otra manera, debería replantearse esa discusión porque si no va a quedar en el aire de que aquí no se discute nada y simplemente se acepta”, advierte.
Añade que “el Ejecutivo lo que debería mostrar es un poco de voluntad en explicar, en aras de la transparencia, cómo se ha procedido y qué interés tiene”.
Susana Mosquera Monelos, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), tiene una lectura jurídica diferente. Considera que, al no tratarse de un tratado, la declaración inicial no tenía necesariamente que pasar por el Congreso. Sin embargo, sostiene que las obligaciones concretas que puedan surgir posteriormente sí deben ser examinadas.
“Sí es muy importante que a partir de este momento podamos conocer de modo muy claro y transparente el contenido de lo que se pacta y de las obligaciones que vengan a continuación”, afirma.
Autonomía y posibles injerencias
Una primera consecuencia advertida por los especialistas es el margen de decisión que conservaría Perú frente a una potencia como Estados Unidos.
Ramiro Escobar utiliza como ejemplo la reciente revocación de visas estadounidenses a ciudadanos latinoamericanos, entre ellos un juez peruano vinculado a una sentencia que favoreció intereses de China. Sobre ello, sostiene que correspondía a las instituciones nacionales evaluar el caso.
“Existen oficinas de control de la magistratura, existen otros tribunales que pueden objetar ese fallo, de hecho ese fallo ha sido objetado. Pero de pronto aparece Estados Unidos y decide que ese señor es culpable. Eso tiene un costo político. Evidentemente, en el caso del Perú, es una decisión geopolítica”, opina.
Al preguntársele si considera que este tipo de actuaciones afectan la autonomía peruana, Escobar responde categóricamente: “Sí, por supuesto, por supuesto, es una intromisión, una injerencia. A mí me parece sorprendente que el sistema político peruano, boliviano, ecuatoriano, colombiano no reaccione”.
A su juicio, “la Cancillería, los congresos deberían reaccionar más institucionalmente ante algo que claramente (es) una intromisión norteamericana en los asuntos internos”. “Estados Unidos ha hecho esto a lo largo de su historia, pero ahora se ha perdido la sutileza”, añade.
Juan Carlos Ladines no habla directamente de una afectación a la soberanía, pero sí de una posible reducción del margen para tomar decisiones. “No creo que la soberanía per se, pero sí va a haber un problema de, vamos a decir, autonomía de decisión”, sostiene.
Por su parte, al referirse a la protección de la soberanía, Susana Mosquera recordó que en su momento criticó el TLC con EEUU debido a la asimetría que existe entre ambos países. “Un David y un Goliat nunca se relacionan exactamente igual (…) la equivalencia de fuerzas no existe de manera perfecta entre una potencia económica y un país emergente como lo es Perú y, por tanto, en todos esos elementos hay que ser muy cuidadoso”, advierte.
Perú entre Estados Unidos y China
Otra consecuencia está relacionada con la competencia entre Washington y Beijing, especialmente considerando que China es el principal socio comercial del Perú.
Mosquera plantea una advertencia: “Sería muy equivocado decantarnos por uno de ellos cuando la verdad es que son dos actores con los que el Perú tiene que ser capaz de trabajar. Esto va a requerir de una salida diplomática muy sofisticada”, señala. Además, a su juicio, “es evidente que vamos a estar sometidos a una gran presión política para forzar las alianzas y posicionarnos hacia un lado y otro”.
Escobar también considera posible una respuesta de Beijing frente a lo que pueda interpretar como una mayor influencia estadounidense.
“Eso puede hacer que el gobierno chino, no sé si tome algunas medidas, pero reaccione estratégicamente y geopolíticamente para neutralizar (…) esto que seguramente va a considerar una mayor influencia de Estados Unidos en Perú”, dijo.
¿Hasta dónde puede llegar la cooperación?
Finalmente, Escobar plantea dudas sobre los posibles alcances militares del mecanismo. Al ser consultado sobre una eventual presencia de fuerzas estadounidenses en Perú, responde: “Sí, claro, eso es una posibilidad real”.
“En el marco del Escudo de las Américas, que los militares norteamericanos no solo estén en un país, sino actúen directamente (…) creo que es complicado porque puede provocar problemas de seguridad”, agrega.