La Comisión Especial Investigadora que indagó las actuaciones de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, concluyó que habría excedido sus atribuciones legales, infringido el principio de probidad administrativa y no habría cumplido su rol de asesoría al presidente José Antonio Kast.
Así quedó establecido en el informe de conclusiones y recomendaciones de la instancia parlamentaria a la que tuvo acceso BioBio, que indagó una serie de hechos durante su gestión. Entre ellas, la solicitud de información a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa penal en curso y el retiro de la prefecta general, Consuelo Peña.
Cabe precisar que estas corresponden a conclusiones políticas de una comisión de la Cámara, cuyo informe fue votado y aprobado recientemente, y no a una sentencia judicial. Asimismo, se acordó remitir los antecedentes contenidos en el documento al Ministerio Público.
La solicitud de información, el principio de probidad y el deber de abstención
Entre otras cosas, uno de los principales cuestionamientos apunta al oficio reservado N.º 28, emitido por Steinert el 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de asumir como ministra. Mediante ese documento solicitó antecedentes específicos sobre funcionarios vinculados a una investigación penal determinada.
Al respecto, la comisión recordó que Contraloría, mediante el dictamen N° D344 de 2026, estableció que el requerimiento excedió las atribuciones legales. Además, el organismo determinó que Steinert debía abstenerse de intervenir debido a su anterior rol como fiscal regional.
Por lo anterior, la Comisión Investigadora concluyó que la exministra infringió el principio de probidad administrativa al incumplir su deber de abstención.
El retiro de Consuelo Peña y la función legal de asesoría al presidente
Otro de los puntos cuestionados corresponde al retiro absoluto de la prefecta general de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, comunicado el 21 de marzo de 2026.
La comisión sostuvo que no logró esclarecer los fundamentos de esta decisión, debido a los limitados antecedentes entregados y la incomparecencia de las exautoridades ministeriales.
En esa línea, el informe plantea que, si Steinert no participó en la decisión —como sostuvo el director general de la PDI, Eduardo Cerna—, habría incumplido su obligación legal de asesorar al presidente en la conformación de los altos mandos policiales, así como en sus ascensos y retiros.
Los cuestionamientos a la planificación en seguridad
Las conclusiones también advierten contradicciones entre las declaraciones de los representantes del Segundo Piso y los antecedentes de transparencia sobre las funciones de un asesor jurídico presidencial, quien tenía entre sus labores apoyar la revisión y firma de decretos, además de coordinar nombramientos de autoridades.
Ante ello, el informe plantea dos escenarios: que los asesores presidenciales no ejercieron las funciones para las que fueron contratados o que, habiéndolas ejercido, no entregaron información verídica a la Comisión Investigadora.
Asimismo, la instancia concluyó que no se aportaron antecedentes concretos ni documentos que acreditaran la existencia de un programa o plan de seguridad de la administración de Kast al asumir sus funciones.
Junto con ello, se cuestionó el anuncio de la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio, señalando que este evidenciaría un desconocimiento de su importancia legal y de gestión en materia de seguridad pública.
Por otra parte, se advirtió que, a la fecha de elaboración del informe, no se contaba con la estrategia bianual contemplada en la Política Nacional de Seguridad Pública.
A esto se suma una falta de control sobre las actuaciones de la exministra y de la PDI. Según el documento, el gabinete presidencial no tenía conocimiento de las decisiones adoptadas por Steinert ni contaba con un asesor o equipo dedicado exclusivamente a las materias de seguridad.
Finalmente, la comisión acusó que el Gobierno no adoptó medidas para establecer responsabilidades por la filtración del oficio reservado N°28. De acuerdo con los antecedentes entregados por el actual subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, no constaban sumarios administrativos relacionados con estos hechos.
Recomendaciones de la Comisión y el envío de antecedentes a Fiscalía
Entre sus recomendaciones, la Comisión Investigadora planteó establecer protocolos para las solicitudes de información a las policías, con revisiones jurídicas y registros de las autoridades que autorizan estos requerimientos.
También pidió clarificar las funciones y responsabilidades de los asesores presidenciales, implementar procedimientos para detectar conflictos de interés y asegurar la elaboración de los instrumentos de planificación exigidos por la normativa del Ministerio de Seguridad.
Finalmente, se acordó enviar estos antecedentes al Ministerio Público para que se evalúen eventuales hechos constitutivos de delito relacionados con la filtración del oficio reservado N.º 28 y su vinculación con las investigaciones penales respecto de funcionarios de la PDI.
Cabe señalar que, según detalla el informe, la exministra Trinidad Steinert fue invitada a comparecer en seis oportunidades, los días 17 y 31 de agosto, 7, 21 y 28 de septiembre y 5 de octubre de 2026, sin asistir.
Asimismo, el presidente Kast recibió un cuestionario para aclarar distintos aspectos de los hechos investigados, pero sus respuestas tampoco habían sido recibidas al momento de la votación del informe.