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El Gobierno de Javier Milei ha decretado la confidencialidad de la compra de un sistema antidrones por motivos de seguridad nacional, según lo publicado en el Boletín Oficial. La adquisición se llevará a cabo por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, con el objetivo de prevenir amenazas derivadas de drones civiles, destacando su fácil acceso y peligros potenciales. Se busca evitar revelar la tecnología a adquirir para impedir su elusión, argumentando la necesidad de proteger la libertad, vida y propiedad de los ciudadanos ante posibles ataques. En Argentina, recientes incidentes con drones, como la caída y explosión de uno cerca de la Embajada de Israel en Buenos Aires y la pérdida de otro cerca del Congreso, han destacado la importancia de abordar este tema con prontitud.
El Gobierno de Javier Milei declaró secreta la inminente compra de un sistema antidrones por razones de seguridad nacional, según un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.
“Declárese secreta por razones de Seguridad Nacional la operación contractual para la adquisición de un sistema antidrones a ser sustanciada por el Ministerio de Seguridad”, indicó el decreto, firmado por el presidente y por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich.
El texto destaca además “la necesidad imperiosa de mejorar las capacidades técnicas en relación con distintas amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) o ‘drones civiles’, debido a su fácil adquisición, amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso” y explicó que la compra de un sistema antidrones tiene por objetivo “mitigar el uso indebido” de estos aparatos, que “que puedan atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”.
El decretó argumentó que la decisión de declarar el secreto sobre la compra busca “evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas”.
En los últimos meses, Argentina ha registrado dos confusos episodios con drones civiles.
El primero tuvo lugar en noviembre, cuando un dron cayó y explotó a 30 metros de la Embajada de Israel en Buenos Aires, lo que desencadenó el despliegue de un gran operativo policial.
Semanas después, a fines de diciembre, dos ciudadanos rusos extraviaron un dron sobre el Congreso argentino, ante el cual se presentaron para recuperarlo.
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