Esta mañana se presentó el informe “Por un Chile sin economía ilícita” en Vitacura, instancia liderada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y que contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).
El estudio, elaborado junto a 30 gremios de la confederación y que contó con la participación de cerca de 70 expertos, concluyó que los mercados ilícitos movilizan más de US$5.700 millones al año, generando pérdidas de recaudación fiscal superiores a US$1.500 millones.
Además, considera que estos afectan el crecimiento, la inversión, el empleo, la seguridad y la confianza. Junto con ello, el escrito propone 45 medidas para combatir el comercio ilícito, las finanzas ilícitas y los ilícitos en materias primas.
El tamaño de la economía ilícia en Chile
El estudio entregó como una definición de economía ilícita aquellos sistemas paralelos, estructurados y operados por organizaciones criminales que abarcan toda la cadena de valor; desde la producción hasta la distribución, comercialización, financiamiento y lavado de activos.
Para su expansión, se aprovechan de “brechas regulatorias, debilidades en los sistemas de fiscalización y marcos sancionatorios insuficientes, lo que facilita su escalamiento, diversificación y consolidación”.
Además, el gremio del gran empresariado y sus organizaciones adheridas remarcaron en el documento que estas economías poseen un “círculo vicioso” que se retoralimenta a sí mismo mediante tres etapas, consolidando un “ecosistema criminal estable”: el origen del producto mediante robo, falsificación, contrabando o sobreexplotación ilegal; acopio y transporte, que puede incluir empresas fachada y facturas falsas, y la comercialziación y lavado de activos, donde pueden tomar especial importancia las criptomonedas, empresas fachada o sectores con alta circulación de efectivo, como rubros vinculados al juego.
Un problema estructural
Para la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, las estas economías dejaron de ser un problema sectorial. Afirmó que constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo y la recaudación fiscal.
En la ocasión, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que este informe lleva a reflexionar sobre la esencia de nuestro sistema económico y su vínculo con el marco político, jurídico y cultural del país.
Agregó que es importante recordar que la economía libre no funciona de manera aislada, sino que dentro de bases éticas y jurídicas firmes.
A su vez, el diputado Alessandri afirmó que la CPC reunió antecedentes que, según plantea, el Estado debió haber recopilado hace tiempo. En esa línea, sostuvo que combatir el comercio ilícito y fortalecer la regulación también puede contribuir a dinamizar la economía:
La presentación dejó instalada la urgencia de avanzar en una estrategia público-privada contra la economía ilícita, en medio del impacto que estos mercados generan en la seguridad, la actividad económica y los ingresos del Estado.
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