El gobierno de Cuba se negó a permitir una protesta opositora que estaba siendo convocada para varias ciudades de la isla, por considerar que buscarían cambiar el sistema socialista que rige hasta la fecha.
Autoridades cubanas denegaron este martes a activistas opositores el permiso para llevar a cabo una gran marcha pacífica el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades del país al considerarla “ilícita”.
“No se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha”, argumenta un texto suscrito por los consejos municipales de las localidades donde se emitió la petición, entregado como respuesta a los solicitantes.
Las autoridades interpretan que la marcha es “una provocación”, que promueve “un cambio de régimen” en Cuba y argumenta que, según la Constitución de 2019, el “sistema socialista” que impera en el país desde hace más de seis décadas es “irrevocable”.
“Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, señala la carta de respuesta de las autoridades publicada en el portal de noticias oficial Cubadebate.
El desfile militar
Miembros de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago solicitaron a las delegaciones provinciales autorización para llevar a cabo una “Marcha pacífica por el cambio” el 20 de noviembre, aunque más tarde la adelantaron al 15 debido a que el Gobierno convocó un desfile militar en la fecha inicialmente prevista.
En La Habana los organizadores preveían la participación de unas 5.000 personas en un recorrido que comenzaría en la avenida del Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional (parlamento).
La marcha sería “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”, según los solicitantes.
En su escrito reclamaron el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución.
Sin embargo, las autoridades interpretan que un derecho constitucional “no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haberse autorizado, la marcha del 15N habría sentado un precedente histórico.
El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles de forma espontánea para reclamar más libertades y un cambio político en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel.
El país atraviesa una grave crisis económica con una incipiente inflación, escasez de alimentos, medicinas y otros productos, largas colas y cortes de luz, lo que ha aumentado el descontento entre la población.
