¿Cómo han reaccionado el Gobierno y la sociedad civil en Cuba a las inéditas protestas del 11 de julio, en los dos meses transcurridos desde entonces? ¿Puede repetirse este estallido?
En las masivas protestas del pasado 11 de julio en Cuba, muchas personas gritaron “tenemos hambre”, o exigieron medicamentos y vacunas.
Pero, sobre todo, repitieron gritos de “libertad” y “abajo la dictadura”. Y los acompañaron con advertencias de “no tenemos miedo”.
Fueron “demandas de poder participar en las decisiones políticas que se toman en el país”, dijo la artista visual y activista cubana, Salomé García Bacallao.
Represión violenta en Cuba
La reacción inmediata del Gobierno y los medios estatales, sostenida hasta hoy, desestimó las protestas como “disturbios a escala muy limitada”, protagonizados por “mercenarios”, “vándalos” y “revolucionarios confundidos”: como consecuencia del “bloqueo económico” y de “operaciones comunicacionales” de EEUU, pero jamás de la mala gestión de quienes se presentan como guardianes de “La Revolución”.
“La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”, ordenó ese día el presidente Miguel Díaz-Canel.
Dio luz verde así para la represión estatal y paraestatal, “ejemplarizante”, recuerda el abogado Eloy Viera Cañive, dedicado a la educación jurídica de la ciudadanía cubana en la red. Tras un apagón de internet de más de 48 horas, también en Cuba circularon imágenes y testimonios de golpizas, balazos, y el Gobierno reconoció al menos un muerto, en un enfrentamiento con agentes.
Detenciones, desapariciones y juicios exprés
Esa primera respuesta se tradujo, además, en masivas detenciones de manifestantes durante y después de las protestas, usando videos de redes sociales y denuncias de simpatizantes del oficialismo para identificarlos.
Así como en la celebración de más de 60 juicios sumarios, exprés y sin abogados defensores. “Para dejar claro que los tribunales cubanos pueden entender la ocupación de espacios públicos como un acto delictivo”, opinó Cañive.
“En lugar de libertad, hemos tenido cientos de personas encarceladas, muchas de las cuales estuvieron en algún momento en desaparición forzada”, denunció por su parte Bacallao.
Tras controlar las protestas, el Gobierno matizó su discurso con una campaña oficial para “ponerle corazón” a Cuba. Se reunió Díaz-Canel con sectores afines al oficialismo, como los periodistas estatales y líderes de determinadas denominaciones religiosas.
Además, cambió los mecanismos de judicialización, observa Cañive: centenares de detenidos empezaron a ser liberados y cesaron los juicios sumarios.
Pero de al menos 1020 personas detenidas, 505 continúan aún en esa situación, que pueden ser juzgados como adultos desde los 16 en la isla.
De 416 personas excarceladas, muchas esperan juicio bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. La situación actual de las otras 97 ni siquiera se ha podido establecer.
⚖️ ¿CÓMO AVANZAN LOS PROCESOS PENALES DESPUÉS DEL ESTALLIDO SOCIAL DEL #11J?
Fuentes oficiales reconocieron la ejecución de 67 juicios sumarios a nivel nacional. De 45 apelaciones solo 11 tuvieron lugar, y 1 persona fue absuelta. Hemos identificado a 36, ayúdanos con el resto! pic.twitter.com/R6fDspmNBS
— Salomé #SOSCuba #CorredorHumanitario (@onceagainsalome) September 8, 2021
Las activistas han conseguido verificar poco más del 60% con familiares, amigos o los propios detenidos excarcelados. En muy pocos territorios, con reportes de la prensa estatal local o autos de fiscalía.
Subregistro independiente, marginalización y miedo
Se trata de un subregistro, ”con un sesgo económico muy grande”, advirtió la periodista María Matienzo, que colabora con el registro en La Habana.
Muchas familias carecen de acceso a la tecnología informática o las redes sociales, precisan las activistas.
Así la lista solo registra 99.
Aunque los familiares de detenidos en una prisión del también habanero municipio del Cotorro consultaron listados de 800 nombres, Bacallao y Matienzo solo tienen referencias de 10 personas que pasaron por ese centro, y de casi 300 detenciones en toda La Habana.
Entre los cargos que se les imputan sobresalen los de desórdenes públicos, desacato, o instigación a delinquir.
Eso contradice la versión oficial de que la mayoría está siendo juzgada por delitos violentos, insiste la activista.
Entretanto, muchas denuncias se han realizado desde fuera de Cuba. Dentro, a no pocos detenidos y familiares los ha vuelto a frenar el miedo.
“Tenemos noticias de personas detenidas que piden dejar de mencionar su nombre, porque les han amenazado con que su situación podría empeorar”, relató Bacallao.
Quienes continúan detenidos enfrentan hoy procesos penales ordinarios. Se les imputan delitos más graves, como desorden público agravado, atentado o delitos contra la Seguridad del Estado.
Por eso, Cañive celebra también la activación, “en silencio”, de un sector del clero al que ha apoyado como jurista.
Además, no ha contado con apoyo explícito de la jerarquía católica, pero sí con la tolerancia pragmática del Gobierno.
Donaciones, PYMES y más censura en Cuba
Además, las protestas destrabaron medidas largamente exigidas en la isla y su diáspora. Se eliminaron, hasta diciembre, topes y aranceles para la importación de medicinas, alimentos y productos de higiene “por la vía del pasajero”.
Se formalizó la esperada legalización de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), tanto privadas como estatales.
Aunque, también se concretó la criminalización del disenso en internet y redes sociales, con un decreto sobre incidentes de “ciberseguridad” y “subversión social”.
La primera de estas medidas respondió a un reclamo que circuló en redes desde antes del 11J, bajo la etiqueta de #SOSCuba. Establecer un corredor humanitario para paliar la crisis económica y sanitaria que vive la isla.
Fue una “victoria pírrica”, afirmó Mabel Cuesta, profesora de literaturas hispanicaribeñas en la Universidad de Houston. A ella, las protestas la sorprendió distribuyendo donaciones de medicamentos en su natal Matanzas.
El 15 por ciento de la población transnacional cubana vive en EE .UU. y no aumentaron los vuelos, explica.
Cuba🇨🇺 se ha quedado muy por debajo de sus proyecciones iniciales para la vacunación. En mayo el Ministro de Salud informó que la previsión era tener al 70% de la población completamente vacunada en agosto. Estamos cerrando el mes y esa cifra (~28%) es 2.5 veces inferior. 1/n pic.twitter.com/ZWiiRu8Opk
— A. Perez-Riverol (@aperezriverol) August 28, 2021
No obstante, Cuesta celebra que la sociedad civil cubana se organizara ejemplarmente, dentro y fuera de la isla, para capitalizar la eliminación de aranceles.
Solo la iniciativa Ayuda Humanitaria a Cuba, coordinada en Madrid, por ejemplo, reporta ya el envío de más de una tonelada y media de medicamentos e insumos médicos a la isla.
“Al Gobierno le hubiese gustado dar una respuesta con vacunación”, agregó.
Aspiraba a ser el primer país del mundo en inocular a toda su población con vacunas nacionales.
A producir 10 millones de dosis de Soberana 02 y tener al 70% de la población vacunada en agosto. Pero apenas se ronda el 30 por ciento.
Con problemas para producir Soberana 02, “solo se estuvo produciendo Abdala y ya empezaron a emplear la vacuna china, pero no han sido transparentes sobre esto”, señaló.
¿Se repetirá el 11 de julio?
“A pesar de todo este terror desplegado, y aunque demore, un nuevo estallido social es inevitable”, prevé la activista Bacallao.
Cañive coincide, pues pese a donaciones de aliados como México, Rusia o China, el Gobierno cubano no tiene recursos para responder a los reclamos más básicos de los manifestantes, para aliviar “el desespero motivado por la crisis económica y agravado por la crisis sanitaria”, dice.
Sin embargo, la sociedad civil cubana que reside en la isla “llegó al 11J muy diezmada en su capacidad de actuación”, reconoció.
La labor previa de movimientos opositores tradicionales como la UNPACU, o nuevos como el MSI o el 27N “labró un camino para la protesta, que también les costó la represión descarnada del Gobierno.”
Ninguno de los opositores que demostraron pujanza antes del 11J pudo incorporarse a la protesta. Quienes lo intentaron, como José Daniel Ferrer (UNPACU) y Luis Manuel Otero (MSI), fueron detenidos.
De ahí que lo que se ha visto tras el 11J, sobre todo, es una activación de otros actores sociales: “familiares de personas que empiezan a sufrir por primera vez la represión; madres y padres de detenidos, que entendieron que había que denunciar”, precisa el jurista.
De vuelta a Houston, Mabel Cuesta es pesimista. “Esa chispita que se encendió, ellos la consiguieron aplacar”.
La gente intuye que no vale la pena poner el preso o el muerto, por algo que es muy obvio: si los poderes militar y económico están en las mismas manos, “¿qué salida tenemos?”.
Por eso, cree que “los jóvenes, una vez más, se van a ir, a donde puedan, los que puedan.”
