El opositor venezolano Julio Borges pidió a Chile evaluar sus políticas migratorias para evitar que los venezolanos caigan en “manos de mafias organizadas” en el trayecto entre las fronteras de Bolivia y ese país.
“La situación que se vive con los migrantes venezolanos demuestra que una política migratoria restrictiva solo aumenta los pasos ilegales. Esto, además de la trata de personas y expone la vida de quienes huyen de la dictadura”, dijo Borges.
El opositor, un estrecho colaborador de Juan Guaidó, aseguró que este año han fallecido 11 personas al intentar ingresar de manera irregular en Chile.
Es por esto que “urge que el Gobierno chileno evalúe su marco regulatorio y permita una migración segura y humanitaria”.
Señaló que los países de la región deben seguir el ejemplo de Colombia, que aprobó un estatuto de protección temporal para regularizar a los migrantes.
“El hecho de regularizar a los migrantes y adoptar un marco migratorio con reglas claras ha permitido fortalecer la migración legal. Esto, además del desarrollo económico del país y los lazos de hermandad”, expresó.
A su juicio, la integración de los venezolanos es la solución, “al mismo tiempo en el que se presiona para lograr un cambio democrático”.
El pasado 28 de julio, Human Right Watch (HRW) afirmó que el Gobierno de Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos”.
Lo anterior, además de “asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Violaciones a los derechos fundamentales
A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados.
Impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana y separación de familias son algunos de los ejemplos.
Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas”.
“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis, fueron deportados. Esto, sin un debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.
