El gobierno de Alberto Fernández en Argentina extendió por 60 días la prohibición de que las empresas despidan trabajadores sin causa justificada o por fuerza mayor, como una medida para enfrentar la crisis del coronavirus.

“En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, el Gobierno Nacional resolvió prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días”, anunció Jefatura de Gabinete este lunes mediante un comunicado.

Además, el gobierno incluyó en el decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial la prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, “quedando exceptuadas aquellas pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación”.

“Aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, señaló el gobierno en un comunicado.

El gobierno argentino había dispuesto la prohibición de despidos el 31 de marzo, con lo cual la medida vencía originalmente el 31 de mayo, pero ante el deterioro que muestra el mercado laboral, decidió extender ese impedimento por dos meses más, hasta el 31 de julio. Fue clave en la decisión el análisis del deterioro del mercado laboral verificado en marzo.

Según últimos los datos laborales oficiales, el empleo registrado en el sector privado registró en marzo una caída de 0,5% respecto a febrero, la contracción más pronunciada para ese mes desde la crisis de 2002. En marzo, la cuarenta impactó solo los últimos diez días del mes, con lo cual se prevé que en abril el escenario laboral lucirá peor.

En ese sentido, el informe del Ministerio de Trabajo difundido la semana pasada indicó que la caída del empleo formal en marzo “no se debe al incremento de las desvinculaciones ni al crecimiento de los despidos, sino a la contracción de las incorporaciones de personal”,.

Además de la prohibición del despido, el gobierno de Fernández creó un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), que permite a las empresas afectadas por la pandemia recibir ayuda estatal para seguir pagando remuneraciones.