Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Tras la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación por la Corte Suprema en el caso Dominga, el proyecto minero-portuario vuelve a ser tema de debate. El Gobierno analiza la situación mientras enfrenta presiones internas para repetir la votación del Comité de Ministros. La empresa Andes Iron ve el fallo como una "luz verde", pero el caso estaría lejos de terminar de momento.
El proyecto minero-portuario Dominga vuelve al centro del debate tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el Ejecutivo y organizaciones ambientalistas en contra del fallo del Primer Tribunal Ambiental, que acogió la reclamación de la empresa Andes Iron.
Desde el Gobierno afirman que se encuentran revisando la resolución y remarcan que el desarrollo económico debe ir de la mano con el cuidado ambiental. Ello, en medio de las presiones del propio oficialismo, que exige que se repita la votación del Comité de Ministros y que “no se delegue” a la próxima administración.
Aunque aún quedan vías judiciales abiertas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la oposición y los titulares del proyecto llaman a permitir el desarrollo y dejar de buscar “artimañas ideológicas” que dilatan la discusión.
Esta mañana el Gobierno se pronunció respecto del proyecto que el propio presidente Gabriel Boric dijo, en tiempos de campaña, que bajo su administración no se aprobaría.
Ayer la Corte Suprema falló declarando la nulidad de los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones medioambientales de la región de Coquimbo.
Una respuesta que Andes Iron, la empresa titular del proyecto, interpretó como una “nueva etapa” y una “luz verde para Dominga”.
Esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el Ejecutivo se encuentra analizando el fallo y, por tanto, aún es prematuro pronunciarse.
Eso sí, aludió a que el uno de los sellos que ha acompañado a esta administración es el velar por un desarrollo económico que, a la vez, resguarde el medio ambiente.
Pero la presión que el propio oficialismo está poniendo sobre los hombros del Ejecutivo podría hacer que todo se complique: hay grupos que exigen que el Comité de Ministro vote nuevamente; y en el lado de la oposición celebran cautelosos este nuevo fallo.
El diputado socialista, Daniel Manouchehri, señaló que aprobar Dominga sería sinónimo de destrucción, ya que la propia Conaf emitió un informe señalando que es incompatible con la reserva natural de la zona donde se emplazaría.
Por su parte, el diputado del partido ecologista verde, Félix González, llamó a no dejar esta resolución en manos de un próximo gobierno.
El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, comentó que Dominga es “una oportunidad” para los vecinos de La Higuera, mientras que su par en la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, criticó que el Gobierno imponga sus ideologías.
La Suprema precisó que frente a una sentencia de un tribunal ambiental que anule una resolución de un Comité de Ministros, lo que corresponde es que nuevamente ese comité vuelva a votar el proyecto y después se vuelvan a presentar los recursos judiciales.
Sin embargo, lo que muchos argumentan es que esa nueva votación del ya ocurrió en enero de este año, en donde se volvió a rechazar la iniciativa minero-portuaria.
Ahora, será la Corte de Apelaciones de Antofagasta quien dictará su sentencia sobre las apelaciones que presentó el SEA y las comunidades en contra de los fallos del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Lo que ocurra allí será clave para el futuro de esta discusión.
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