El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, retiró a fines de marzo un Decreto Supremo (N°7) relacionado con la reforma de pensiones, el cual fue analizado por Contraloría.
El documento, que fue ingresado en enero de este año por la administración de Gabriel Boric, buscaba regular las tarifas y las modalidades de pago por los servicios que el Instituto de Previsión Social (IPS) prestaría a las AFP que decidieran contratarlos, detalló Diario Financiero.
El retiro del Decreto representaría un obstáculo técnico para la implementación de la reforma al sistema de pensiones aprobada en el Congreso, ya que sin ese marco regulatorio, el IPS enfrentaría limitaciones como la inhabilidad operativa, ya que no podría funcionar como prestador de servicios de back office (procesamiento interno) ni de front office (atención al público).
El citado medio también aludió a que generaría un bloqueo de mercado, pues el IPS quedaría impedido de competir o colaborar como operador administrativo en el negocio de la administración de fondos.
Al respecto, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, aseguró que el Decreto será reingresado a Contraloría, pero luego que le realicen revisiones a “observaciones” que anotó la Contraloría.
“El decreto que fija precios y modalidades de pago de los servicios que podrá prestar el IPS a las AFP interesadas, fue ingresado por la pasada administración en enero de 2026. La Contraloría General de la República hizo observaciones al documento, y como Subsecretaría decidimos retirar el decreto para su revisión y posterior reingreso”, afirmó a Diario Financiero.
El origen y objetivo de la medida
El decreto contaba con el respaldo administrativo de la gestión anterior, llevando las firmas del expresidente Gabriel Boric y los entonces ministros Nicolás Grau (Hacienda) y Giorgio Boccardo (Trabajo).
La administración previa buscaba que el IPS asumiera las labores de soporte para reducir las barreras de entrada en la industria.
Al centralizar o facilitar estos servicios técnicos, se pretendía incentivar el ingreso de nuevos actores y fomentar la competencia en un sector históricamente “concentrado”.
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