Este miércoles, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó los resultados preliminares de su estudio sobre el mercado de los medicamentos, informe que detectó que el 80% de los medicamentos inscritos en el país no tiene alternativas bioequivalentes.

Sumado a lo anterior, el órgano fiscalizador advirtió que los laboratorios realizan inversiones anuales superiores a los US$200 millones “para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas”.

Aquello es preponderante debido a que, según una encuesta de la misma FNE, la mayoría de los pacientes terminan acatando la recomendación del profesional y se niegan a cambiarla aunque sea una alternativa menos costosa.

Tales medicamentos, aseveró el documento, son adquiridos a los laboratorios “a precios en promedio un 70% más caros que el sector público”.

Debido a ello, la FNE concluyó que se debe concretar una “reforma estructural” en este sector con el objetivo de “aumentar la competencia en precios”, lo que tendría como efecto una caída cercana al 40% en el valor de estos productos.

“Los medicamentos son un bien de primera necesidad y es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos a un menor precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado”, señaló el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.

“Proponemos una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más competencia”, precisó.

En concreto, la FNE plantea “profundizar la política de bioequivalencia”, la creación de un “sistema único nacional” en el cual los médicos deban obligatoriamente prescribir medicamentos “según su denominación común internacional, no por marca” y obligar a las farmacias a ofrecer el medicamento más barato, “estableciéndoseles además un cobro fijo por dispensar los medicamentos”.

Lo anterior, agregaron, “debería ir asociado a un reforzamiento sustancial del Instituto de Salud Pública (ISP) y/o de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed)”.

Como segunda etapa, el organismo propuso la creación de un seguro farmacológico “público o privado” que permita cubrir gastos en medicamentos y recomendó autorizar la venta de medicamentos OTC (over the counter o de venta sin receta) en establecimientos que no sean farmacias y a través de otros medios, como en internet.

De implementar las medidas anteriormente mencionadas, la FNE estimó “de forma conservadora” que se puede lograr un ahorro de entre 20% a 40% en el promedio del precio de los medicamentos vendidos en farmacias y que cuenten con alternativas bioequivalentes.

“Esto significaría un impacto total anual de entre US$76 millones y US$380 millones en el mercado de medicamentos comercializados en farmacias, que mueve al año aproximadamente US$1.500 millones”, precisaron.

Los resultados del informe preliminar serán sometidos a una consulta pública que tiene plazo hasta el viernes 20 de diciembre, por lo cual quienes estén interesados en presentar sus comentarios pueden hacerlo enviando un correo electrónico a estudiosdemercado@fne.gob.cl.

Cuando termine ese proceso, la FNE confirmó que publicará el reporte definitivo y que le hará llegar sus recomendaciones al Poder Ejecutivo “para que se evalúe su implementación”.

Recomendaciones

A continuación, conoce las recomendaciones por área que emitió la FNE al respecto:

A. Sobre la comercialización de medicamentos:

– Modificar procedimientos de registro y certificación de bioequivalencia ante el ISP.
– Establecer registro más expedito para medicamentos que se vendan en otros países y homologación.
– Establecer un premio al primer genérico en entrar al mercado.
-Establecer obligación para laboratorios de informar a ISP de patentes vigentes.
– Establecer una política de producción y difusión continua de información.
– Aplicar efectivamente normativa de protección de datos.
– Fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), que pertenece al ISP.
– Regular la dispensación y forma de cobro de las farmacias.
– Crear una plataforma única nacional para que los médicos prescriban por denominación común internacional.
– Implementar medidas para aumentar el número de medicamentos bioequivalentes.
– Crear un seguro con cobertura farmacológica.

B. Sobre el mercado de distribución:

– Permitir la venta de medicamentos de venta directa (OTC) en establecimientos distintos de las farmacias.
– Permitir la venta vía canal online.

C. Sobre el mercado público:

– Regular el funcionamiento de comités de farmacias y otros órganos del sector público.