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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Cámara de Diputados aprobó con 77 votos a favor la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda, presentada por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Ahora, una comisión de tres diputados deberá argumentar la acusación ante el Senado.

Este martes la Cámara de Diputados aprobó por 77 votos a favor la Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario.

Pero ahora, ¿cuál es el paso a seguir?

El origen de una AC

Recordemos que las acusaciones constitucionales son exclusivamente realizadas y deben nacer desde la Cámara de Diputados, y tienen como propósito hacer efectiva la responsabilidad política de distintas autoridades del país en caso de haber faltado a alguno de sus deberes constitucionales.

Entre las autoridades que pueden ser acusadas constitucionalmente se encuentran: el Presidente de la República, jefes de las Fuerzas Armadas, delegados presidenciales, entre otros.

En el caso de los ministros, existe un plazo adicional de tres meses después de que termina el periodo de sus funciones para llevar a cabo una AC.

En ese marco es que se ha realizado la reciente acusación aprobada por la Cámara Baja.

Lo que viene para Grau

Ahora, una comisión de tres diputados deberá acudir al Senado para sostener la admisibilidad de la acusación ya aprobada por la Cámara: Peri Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (PR) y Paulina Muñoz (PNL).

La Cámara Alta tendrá un rol de “juez”, y decidirá si Grau es culpable de las acusaciones.

En caso que el Senado tome esta decisión, el exministro quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años.

Uno de los puntos clave, es que Grau actualmente es investigador asociado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Al ser estatal, los trabajadores de la casa de estudios tienen el rol de “empleados públicos”, por lo que el exministro podría perder su trabajo en caso de ser acusado constitucionalmente.