¿Tiene dueño la cultura y las artes? La respuesta lógica pareciera ser que es de todos. Todos en el más amplio sentido de la palabra, puesto que es la suma de cómo somos y nos expresamos, es decir, el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a nuestra sociedad.
Por esta razón, sería un error considerar que algunos representantes de asociaciones de artistas -particularmente los que se dedican a cobrar derechos de autor- sean los dueños de la cultura y las artes en Chile, con poder de veto a las políticas culturales, las que van en beneficio de todos los chilenos y chilenas.
Hace unos días, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, demostró un interés loable por proteger el desarrollo y acceso a la cultura y las artes mediante la constitución de un derecho de autor equilibrado, así como de una adecuada protección para los artistas mejorando la legislación laboral para el sector, reconociendo de ese modo la urgencia de superar la precariedad en el trabajo para la mayoría de ellos en el país.
La aspiración por lograr el equilibrio en el ámbito de los derechos de autor y el acceso a la cultura es tan antigua como el derecho de autor: desde el Estatuto de la Reina Ana de 1775, donde se colocaba límite temporal al derecho de autor, o en el Convenio de Berna de 1886, en el que se establecían excepciones al derecho de autor obligatorias, como el derecho de cita.
Sin embargo, algunas asociaciones de artistas, especialmente aquellas dedicadas al cobro de derechos de autor, han protestado en las últimas semanas en el marco de la discusión de esta norma en la Convención Constitucional. Han rasgado vestiduras por las expresiones de la ministra sobre la importancia del equilibrio, demostrando una falta de entendimiento en relación a mantener una armonía en el ámbito de los derechos de autor, tanto para la sociedad como para los propios artistas.
Tener una visión maximalista de las facultades de exclusión que otorgan los derechos de autor y conexos -buscando solo la posibilidad de cobrar por cualquier uso que se pueda hacer de una obra- perjudica no sólo el acceso a la cultura de la población y el derecho humano a participar de la vida cultural, sino que también a los artistas que requieren de obras previas para recrearlas, construir nuevos significados o simplemente formarse.
Según la lógica de los críticos de la opinión de la ministra Brodsky, se debiera perseguir a los cantantes y a otros artistas callejeros que no les pagan derechos de autor por las obras que recrean o modifican (sin pedirles permisos), como a los artistas plásticos que hacen collages, parodias o remixes. Así también se debiera sancionar a los profesores que comparten textos o videos con sus alumnos en línea, entre otros usos legítimos.
No es la primera vez que se escuchan ruidos de sables de las entidades de gestión colectiva, porque la autoridad que debe velar por el bien público ha querido establecer limitaciones al derecho de autor siguiendo estándares internacionales en favor del acceso a la cultura, y la libertad de creación y expresión.
Basta recordar las presiones que ejercieron para obstaculizar la reforma legal del año 2010, la que a pesar del fallido acuerdo secreto con la SCD, la agenda legislativa igual pudo consolidarse gracias al apoyo de la sociedad civil interesada en el bien público. Esperemos que una vez más prime la razón.
Luis Villarroel Villalón
Abogado. Director ong Innovarte
Ex Vice Presidente Comité Permanente Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
