El diputado Luciano Cruz-Coke, entre otros, ha patrocinado un proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Varias voces se están levantando en relación a la iniciativa. Aquí dejamos el comunicado de ACA, Arte Contemporáneo Asociado A.G., que reúne a más de 300 personas vinculadas a las artes.

Comunicado sobre el proyecto de ley que regula el arte gráfico urbano

Con gran expectación nos enteramos del proyecto de ley que regula el arte gráfico urbano (boletín n° 11810-24) patrocinado por el diputado Luciano Cruz-Coke, al que el presidente Sebastián Piñera ha otorgado urgencia simple y que actualmente se discute en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, tras haber analizado el proyecto, llamamos a los legisladores y a la ciudadanía a oponerse a esta moción.

En primer lugar, el proyecto supone mañosamente que todo rayado o mural que se realiza en el espacio público tiene fines artísticos, pues establece al arte como la única medida posible para juzgar la legalidad de cualquier expresión gráfica callejera. Existen múltiples rayados y murales realizados por individuos o colectivos que no pretenden ser artistas ni hacer arte, desde grafiteros hasta activistas políticos, y para este proyecto esa sería razón suficiente para que constituyan un delito. Esto claramente constituye una restricción a la libertad de expresión garantizada en la Constitución.

En segundo lugar, el proyecto dispone que cualquier expresión gráfica callejera deberá contar con un permiso municipal, estableciendo así un proceso creativo normado, que deja a cada gestión municipal la facultad de juzgar el carácter artístico de la misma, así como a visar su contenido. Esto implica que el propietario de un inmueble o una comunidad organizada no podrán realizar ni autorizar un mural, sin pasar antes por un burocrático e incierto procedimiento de inscripción de sus propiedades y sin contar con la aprobación previa de la municipalidad. Nada en el proyecto garantiza que los municipios contarán con profesionales que tengan alguna clase de conocimiento sobre el arte urbano. Este procedimiento, además de constituir una traba administrativa, no reconoce el modo en que funcionan importantes iniciativas de arte urbano en Chile, como el Museo a Cielo Abierto de San Miguel y el de Valparaíso y nuevamente, atenta contra la libertad de expresión, al dejar a organismos municipales la definición arbitraria de lo que puede ser el arte urbano y lo que no.

En tercer lugar, la redacción del proyecto incluye una serie de disposiciones punitivas que en gran medida deberán ser fiscalizadas por las municipalidades, desconociendo las diferentes realidades locales de los municipios en Chile, lo que vuelve a la ley inaplicable o, al menos, vuelve muy probable su aplicación arbitraria.

En cuarto lugar, el proyecto declara que su objeto es “fomentar la correcta creación de arte gráfico urbano” y “disuadir los rayados no autorizados”. Sin embargo, no contiene absolutamente ninguna disposición que fomente esta “auténtica expresión artística” (como se lo califica en la fundamentación del proyecto), sino que todo su articulado supone que el arte urbano debe ser disuadido y por ello lo criminaliza, en algunos casos, y lo obstaculiza, en todos.

Existen múltiples aspectos del proyecto que resultan cuestionables o merecen una discusión con todos los actores involucrados, como la prohibición de vender pintura en aerosol a los menores de 18 años, lo que equipara este elemento a las armas y al alcohol; así como también el hecho de que en la fundamentación no se entreguen estadísticas ni datos actualizados respecto a los “afectados” que actualmente estarían “sufriendo” por el arte callejero en Chile y por ello, no se entiende la urgencia respecto a legislar este tema, pues los daños a la propiedad privada ya se encuentran contemplados en el Código Penal. Del mismo modo, se intenta regular las intervenciones con pintura sobre los muros y otros bienes, desconociendo el rol protagónico que ejerce la publicidad en la contaminación visual de nuestro espacio público.

Sin embargo, lo que resulta más difícil de comprender es que uno de los primeros proyectos de ley que competen al arte y la cultura que ha presentado la actual coalición gobernante, y que ha sido patrocinado por un ex Ministro de Cultura, esté formado por una serie de medidas disuasivas y no contemple ninguna clase de fomento para el arte urbano, una de las expresiones artísticas más importantes de la cultura contemporánea, ni tampoco políticas educativas respecto a esta práctica ni respecto al valor del patrimonio, que la fundamentación del proyecto también afirma defender.

En la última sesión de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones se ha anunciado una nueva propuesta del diputado Cruz-Coke en la se quitarían las disposiciones punitivas. Quedamos a la espera de conocer esa versión para entregar un nuevo comunicado.

Directorio ACA, Arte Contemporáneo Asociado A.G.

Luis Alarcón López, Ignacia Saona Urmeneta, Diego Parra Donoso, Claudio Guerrero Urquiza, Néstor Olhagaray Llanos, Claudia del Fierro Gallegos, Cristian Inostroza Cárcamo.