“No se encuentra legalmente obligada a pronunciarse”, resaltaron en un escrito desde La Moneda, tras el cuestionario enviado por diputados de la UDI, sobre las últimas declaraciones de Sebastián Dávalos en la Fiscalía que involucraban a miembros del G90, el grupo oficialista que mantuvo el exministro Rodrigo Peñailillo.
“La información del negocio Caval fue conservada y utilizada por parte del G90 o un sector del PPD para bajar el perfil al caso Soquimich, ya que los involucraba”, señaló Dávalos en esa oportunidad, volviendo todas las miradas sobre La Moneda, que buscaba desvincularse del caso y acotarlo a la investigación liderada por el fiscal Luis Toledo en Rancagua.
Según consigna Emol, el Gobierno aludió a que el cuestionario enviado por la oposición “no constituye a una solicitud de acceso a la información de acuerdo a la normativa de la Ley de Transparencia y a la uniforme jurisprudencia del Consejo para la Transparencia”.
Consultado por dicho medio, el diputado UDI Felipe Ward sostuvo que con esta respuesta el problema continúa estando al interior de Palacio. “No han sido capaces de entender que contestando las preguntas de la comisión investigadora o separando a Cristián Riquelme de La Moneda, desvinculaban el caso Caval del Palacio de Gobierno, pero no lo han hecho”.
En el escrito, el Gobierno sostiene que la presidenta “no se encuentra legalmente obligada a pronunciarse sobre ellas (las consultas) en el marco del procedimiento establecido en el citado cuerpo normativo (Ley de Transparencia)”.
