Es algo indesmentible que Chile es un país acostumbrado a la ocurrencia de catástrofes naturales de forma sucesiva, basta mencionar algunas de las que se han registrado sólo durante este año. Entre ellas la erupción del volcán Calbuco, los aluviones en Copiapó y Tocopilla, las marejadas en Valparaíso y el reciente terremoto y tsunami que afectó a la región de Coquimbo.
Todas estas emergencias tienen en común que han puesto en riesgo la vida de personas y han afectado a lugares habitados o se han suscitado en las proximidades de estos. No obstante, en esta oportunidad nos abocaremos en a las emergencias que afectan al borde costero y como estas repercuten en la población que habita esa zona.
Para esos efectos acudimos a visiones de expertos como la del vicepresidente del Colegio de Arquitectos y docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Chile, Alberto Texido Zlatar, quien planteó a BioBioChile que “en nuestro país tenemos una mala costumbre ligada al subdesarrollo de decir como si nada, ante este tipo de catástrofes, que podemos empezar de cero, cuando en realidad tenemos herramientas y conocimientos que permitirían pensar que podemos prevenir y prever este tipo de impacto”.
Y agregó que “de esa forma se impediría que la vida de las personas y también el patrimonio de una familia, – en muchas ocasiones – la primera vivienda no estén incluidas en este ritmo habitual de destrucción y reconstrucción”, afirmó.
Si bien el académico es bastante crítico ante esa situación destaca las medidas que se tomaron posterior al terremoto de 1960 “escuchando a la academia” cambiando la normativa sísmica que en general permitió afrontar en general de buena forma los efectos del terremoto de 2010 y del reciente terremoto de Coquimbo, salvo en aquellas construcciones en base a adobe.
No obstante, la deuda que aún sigue pendiente tiene que ver con la decisión de seguir construyendo viviendas o departamentos en el borde costero y no por una mala calidad de las edificaciones, sino que a su juicio por la falta de planificación urbana.
Esta última se ve condicionada, de acuerdo a Texido, por tres factores: no existe la voluntad propia de los habitantes de abandonar esos lugares, la autoridad no les pedirá que salgan de esa zona y también influye el aspecto económico que muchas veces dificulta asentarse en otro sector.
Bajo esa lógica ante una catástrofe no quedará otra alternativa que educar a la población para que cuando tiemble “arranque, estando dispuestos a perder todo lo que tiene”, indicó.
No construir bajo la cota de 20 metros
Pero, no sólo existen complicaciones con las viviendas, sino que también con los servicios de emergencia, que resultan vitales para afrontar una catástrofe natural.
De hecho así lo reconoció el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tras el terremoto y tsunami del pasado 16 de septiembre, donde un consultorio resultó afectado en la región de Coquimbo apuntando que es necesario cambiar los planes reguladores para evitar que se siga construyendo bajo la cota 20.
En esa ocasión señaló que “hay que hacer una discusión definitiva como país, para no seguir construyendo bajo la cota de 20 metros. Porque cada vez que haya un terremoto o un temblor fuerte vamos a tener este problema, porque puede ocurrir un tsunami”.
Y añadió que “si no se hace una discusión seria de dónde instalar la infraestructura pública, sobre todo la (infraestructura) crítica y la infraestructura privada, no habrá posibilidad de arreglar de manera adecuada”.
Similar es la visión de Texido quien enfatizó que resulta necesario tomar medidas y puso como ejemplo a Iquique, debido a que en ese lugar “se ubica en una zona inundable gran cantidad del equipamiento de emergencia o equipamiento crítico, es decir, instalaciones de las policías, de Bomberos, del Ejército, la Onemi e inclusive la Intendencia está al lado del mar”.
Para casos como ese se requiere buscar nuevos emplazamientos en zonas seguras “para afrontar un evento post catástrofe y haya una capacidad de reacción coordinada y que no estén incapacitados de reaccionar”.
¿Populismo o irresponsabilidad?
Estas determinaciones tomadas por el Estado de seguir instalando asentamientos en zonas de riesgo como ocurre el borde costero se continúa reiterando una y otra vez.
El arquitecto recalcó que si bien esas decisiones impactan directamente a los habitantes de un lugar se debe tener en cuenta que “tarde o temprano algo ocurre que lo lleva a reordenar y estar corrigiendo permanentemente. Es una condicionante de un territorio en riesgo que debe ser habitado”.
Al fin y al cabo de esa forma se requiere nuevamente invertir recursos públicos. “No deberíamos aceptar que nuestro dinero se despilfarre de ese modo, debido a que estamos invirtiendo dinero de todos en vivienda pública que claramente no puede ser destruida periódicamente”, enfatizó.
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Alberto Texido relacionó esta actitud con el populismo de autoridades haciendo oídos sordos a los especialistas, respecto a lo riesgoso de volver asentar un lugar propenso a una catástrofe.
“Responde a una lógica cortoplacista y electoral, por no tomar decisiones impopulares que han permitido el emplazamiento de viviendas en zonas de riesgo, no sólo en el mar, sino que también en otras zonas como las quebradas (por ejemplo, en Valparaíso)”, enfatizó.
Desde su visión es una tarea pendiente “recuperar la visión técnica, por sobre la electoral para que la autoridad tomé decisiones en cuanto a no permitir emplazamientos en zonas de riesgo”, añadió.
Prevención de tsunamis
Luego del terremoto del 2010 se implementó en el país una normativa para construcciones en el borde costero bajo el concepto tsunami-resiliente implementando para la reconstrucción de viviendas bajo el uso de estructuras tipo palafito como se da en zonas de la región del Bío Bío como la Caleta Tumbes y la Caleta El Morro en Talcahuano; Coliumo y Dichato en Tomé.
A su vez en otras zonas se cuentan con muros de contención en los bordes costeros tal es el caso de Caleta Lenga y Dichato en la misma región, que pretenden ayudar a mitigar los efectos de un tsunami.
Texido explicó que con esas iniciativas se pretende mitigar los efectos del impacto de una ola en forma directa a una vivienda.
No obstante advirtió que “ese mecanismo hay que probarlo, ya que estamos frente a un problema social y cultural, ante él que se planteó esa alternativa para las viviendas en el borde costero, fue un diseño requerido por la autoridad”.
Y desde su visión “eso de a poco irá progresando en el país, porque adaptarse a esa nueva normativa es una decisión económicamente compleja”, añadió.
Otra alternativa que se instaló fue la tomada en la comuna de Constitución en la región del Maule, una de las más afectadas por el tsunami del 27/F, en donde se efectúa un plan de reconstrucción sustentable, en el que destaca la instalación de un parque de mitigación de bosques que pretende ayudar a la mitigación de los efectos de un nuevo maremoto y que estaría terminado en 2017.
“La construcción del parque considera la plantación de árboles que van a tener la altura deseada para amortiguar los efectos de una eventual gran ola en quince años más. Independiente de ello, en el intertanto, va a ser un espacio abierto a la comunidad para que lo aproveche y utilice”, señaló el arquitecto Juan Ignacio Cerda de la empresa Elemental, según consigna un artículo del sitio web Innovación.
Los reales alcances de cada una de estas propuestas se conocerán sólo ante la ocurrencia de una nueva catástrofe natural. “Por ejemplo en Japón los parques de mitigación instalados previo al terremoto del 2011 no funcionaron bien. Pero, de todas maneras es parte de la experiencia que se toma”, explicó el arquitecto Alberto Texido.
De hecho un artículo académico titulado como “Implicaciones del tsunami de Tohoku del año 2011 para la gestión de desastres naturales en Japón” y desarrollado por ingenieros nipones da cuenta que se construyeron rompeolas, diques y se plantaron bosques de mitigación para protegerse del impacto de las olas. Sin embargo esas estructuras no lograron soportar la magnitud del destructivo tsunami que afectó al país asiático en marzo de 2011.
El documento recalca que los bosques pueden sufrir graves daños a consecuencia de un tsunami.
“Los tsunamis más fuertes son capaces de arrancar árboles y transportarlos al interior, convirtiéndolos en objetos flotantes que pueden incrementar el daño a las infraestructuras o edificaciones. Este proceso puede aumentar el daño de la zona, como aconteció en Rikuzentakata, donde el bosque costero fue completamente arrasado por el tsunami, que causó también una importante erosión en el área costera circundante”, recalcaron los expertos del país isleño.
Cabe consignar que Japón es un país acostumbrado a eventos como maremotos, tifones y marejadas y para eso cuentan con muros de contención, de hecho construyeron un rompeolas con una profundidad de 63 metros “el más profundo del mundo”. Pero, pese a la altura de éste resultó gravemente dañado, según indicaron los expertos.
Asimismo el análisis informó que “un gran número de edificios, incluso muchos de ellos construidos en hormigón armado, fueron destruidos o sufrieron daños extensos, y una gran parte de la flota pesquera terminó encallada en tierra. Muchas estructuras de defensa costera como diques, rompeolas u otras estructuras construidas para resistir tsunamis, también sufrieron graves daños”.
Y agregó que “el costo financiero de construir estructuras para proteger contra tsunamis es bastante elevado, y su efectividad no está del todo clara, sobre todo para eventos superiores como el que sucedió en marzo del 2011″.
Lo anterior da cuenta que si bien los japoneses creían estar preparados ante un maremoto, la fuerza de la naturaleza podrá mostrar lo contrario y la única forma efectiva de comprobar el efecto de una medida de mitigación ante una emergencia en el borde costero quedará demostrada tras la ocurrencia de un nuevo evento.