Diputados de la UDI solicitarán a la Contraloría General de la República que realice una auditoría para establecer los fines y el uso de $10 millones de pesos que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, entregó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP.
El dinero fue otorgado el 31 de julio de este año, mediante decreto exento 224 de 2015. A juicio de los legisladores, a partir de la última semana de julio y durante agosto, la AFEP inició un despliegue comunicacional con vocerías respecto de distintos temas de Derechos Humanos, los que suponen se realizaron a partir de la entrega de la subvención.
Los parlamentarios sostienen que durante ese período la presidenta de dicha organización, Alicia Lira, realizó varias vocerías solicitando la degradación del ex director de la DINA, Manuel Contreras, e indicando que los militares prófugos cuentan con una red de apoyo al interior del Ejército, entre otros.
Al respecto, el diputado Felipe Ward expresó que les parece curioso todo el despliegue comunicacional sobre Derechos Humanos, por lo que quieren saber para qué se entregaron y en qué fueron usados esos recursos, ya que sospechan que el dinero fue dado por el Gobierno con fines políticos, para iniciar una campaña para instalar el tema.
El diputado gremialista agregó que durante los últimos seis meses, la AFEP es la única fundación relacionada con Derechos Humanos, que ha recibido una subvención de parte del Gobierno.
Además, la organización recibió el 10 de julio de 2014, un millón de pesos por parte de la Municipalidad de Santiago y durante la primera administración de la Presidenta, Michelle Bachelet, también se le dieron $10 millones de pesos.
