En una discutida sesión extraordinaria del concejo comunal de La Serena, por 5 votos contra 3, los concejales votaron por aprobar la carta de inundabilidad levantada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, lo que afecta directamente al Plan Regulador en su zona costera, ya que no se podrá construir con las mismas regulaciones. Esto significa que todos los estudios de proyectos vuelven a fojas cero.

A favor de que el informe del SHOA fuera considerado para el Plan Regulador votaron Mauricio Ibacache; Carlos Thenoux; Róbinson Hernández; Lombardo Toledo y Ricardo Rojas. Mientras que en contra lo hicieron Jorge Hurtado; Pablo Yáñez y el alcalde, Roberto Jacob. La concejala Margarita Riveros no votó, debido a que llegó a la sesión del concejo cuando ya se había argumentado y realizado la votación.

Los argumentos

El concejal Mauricio Ibacache justificó su votación señalando que para él, la carta del SHOA era un elemento decidor, pero también dijo que le complicaba que parte de los asesores de la moción presentada por el municipio, en reuniones previas se jactaron de ser profesores de los profesionales del SHOA.

En declaraciones posteriores, Ibacache señaló que “Acá estamos en un proceso que tiene que ver con el desarrollo amplio de nuestra ciudad y no me cabe duda de quienes emprendan para viviendas sociales, hoteles, jardines, para lo que sea, tomarán las debidas precauciones, porque eso es lo que se dice en una carta de inundación”, dijo.

Por su parte, Jorge Hurtado manifestó que no quería ser tan alarmista frente a un eventual hecho de la naturaleza, argumentando que se entendía que éramos una zona vulnerable a los vaivenes de la naturaleza, pero recordó que no eran vinculantes algunas opiniones con las decisiones que deben adoptar (refiriéndose al informe del SHOA).

Además relató que estuvo recientemente en Arica, donde llevan un proceso similar al que vive La Serena. “Qué pasará si el día de mañana, por tomar una determinación signifique que en una eventual catástrofe hay pérdidas de vida humana. Qué pasará cuando alguien pueda llevar esta situación a la justicia y buscar una cadena de responsabilidades”.

En tanto, el concejal Carlos Thenoux, argumentó que para tomar una decisión responsable concurrió a las dependencias del SHOA para capacitarse sobre el tema y que era una herencia que se dejaría a las próximas generaciones.

“Hay que tomar una decisión responsable. Para mí es un tema preocupante y me di el trabajo de recorrer lo que fue la ruta del tsunami, conocer de cerca lo que fue el tsunami, cómo destrozó ciudades enteras, la cantidad de gente que murió. No soy experto, por lo tanto, tengo que buscar a las instituciones que tienen mayor conocimiento, por eso acompañé a los colegas al SHOA y nos dijeron que estas medidas serían en una situación extrema. Yo siendo muy consecuente con lo que he hecho, voy a recoger la inquietud que llegó al municipio y voy a seguir la misma línea de Mauricio (Ibacache), creo que por algo se pidió una carta, pensando no solamente en la ciudad de La Serena, también en Coquimbo, porque si viene un tsunami no va a hacer una discriminación. Me apego al planteamiento que hace el SHOA”. explicó.

Pablo Yáñez, quien estuvo por la moción de los profesionales del municipio, de rechazar la carta de inundabilidad, precisó que todos querían que se desarrolle el borde costero, pero había organismos superiores al SHOA, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el seremi de esa cartera, avalaba el estudio municipal.

Argumentó que también estaba la Onemi, que estimaba que el estudio municipal estaba dentro del marco adecuado. “El SHOA dice que no es de carácter obligatorio ni vinculante en la toma de decisiones en las iniciativas municipales, por lo tanto, finalmente dice sí, esta es la carta de inundación, pero yo no tengo nada que ver, aquí quien toma las decisiones es el municipio. Yo estoy con la posición municipal”, dijo el concejal.

Molestia del Minvu

Tras la votación, profesionales del Minvu presentes en la sesión, manifestaron su preocupación y molestia, como Marcela Gálvez, arquitecto de ese ministerio, quien explicó a las autoridades que objetar el estudio de riesgo realizado, era como objetar el estudio de equipamiento o de capacidad vial, por lo que se tendría que evaluar si es que era posible, “pero nosotros creemos que no, porque implica más allá de volver a reformular el estudio de riesgo, hacer las evaluaciones de área estratégica que requiere una serie de implicancias por los organismos del Estado, con participación ciudadana. Este estudio nos costó 120 millones de pesos entre la municipalidad, el Gobierno Regional y nosotros”, concluyó