La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó este sábado mantener la prisión preventiva para 4 de los 6 imputados por el denominado Caso Penta, luego que las defensas intentaran revocar la medida cautelar decretada tras la formalización de hace una semana.
De esta forma, deberán permanecer cumpliendo la medida cautelar en el Anexo Capitán Yáber, durante los 4 meses fijados para la investigación, los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez.
En tanto, el magistrado Juan Escobar señaló que tras recibir los alegatos de todas las partes, resolvieron revocar la prisión preventiva para el ex gerente de Penta, Hugo Bravo y para el gerente de Contabilidad de la empresa, Marcos Castro. Ambos deberán ahora cumplir con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
En tanto, para Juan Martínez y Manuel Antonio Tocornal se mantuvo el arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, respectivamente.
Las defensas ahora tienen la opción de presentar un recurso de amparo para revertir la prisión preventiva.
Presidente de la sala quería revocar la prisión de todos
El fallo no fue unánime, pues el propio presidente de la Cuarta Sala del tribunal, ministro Juan Escobar tuvo un voto disidente, al querer revocar la prisión preventiva para todos los imputados, dejándolos sólo con arresto domiciliario total y arraigo nacional
El juez argumentó “que recién iniciada la investigación no se justifica una medida cautelar tan gravosa para decretar la prisión preventiva. La libertad conjuntamente con el derecho a la vida es uno de los más preciados valores que tiene el ser humano, lo que justifica el voto disidente”.
Reacciones
El abogado de Délano y Lavín, Julián López, afirmó que sus defendidos no representan “un peligro para la seguridad de la sociedad”, como se argumentó para mantenerlos en prisión y advirtió que seguirán trabajando para demostrar que dicha medida “no es necesaria, no es adecuada y no es proporcional”.
La abogado Catherine Lathrop, representante de Hugo Bravo, valoró que el tribunal considerara la colaboración que su defendido habría prestado a la indagatoria, situación que había sido desechada por el Consejo de Defensa del Estado, de quien emanó hace una semana la solicitud de prisión preventiva.
Por su parte, el fiscal nacional Sabas Chahuán señaló que quedan tranquilos, pues a su juicio, el tribunal con su resolución “avala en los hechos el trabajo de la Fiscalía”. Coincidió en que Bravo y Castro pueden gozar del cambio de cautelar por haber prestado colaboración.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, indicó que pese a pedir mantener en prisión a Bravo y Castro, no tienen “ansiedad respecto a las medidas cautelares” y sólo les preocupa el éxito de la investigación.
La audiencia
Aunque el inicio de la audiencia había sido fijado para las 8:30 de la mañana, existían dudas incluso sobre su realización, considerando que ya se había anunciado la recusación de la abogada integrante de la sala, Claudia Chaimovich, debido a su antigua militancia en el Partido Socialista.
Efectivamente, Chaimovich fue dejada fuera de la sala que componen los ministros Juan Escobar y Alfredo Pfeiffer, tras lo cual la abogada María Cecilia Ramírez también fue recusado. Sólo en última instancia, el abogado integrante Mauricio Decap no pudo ser objetado por las partes, con lo cual se procedió al inicio de la audiencia.
Llamó la atención que por parte de los querellantes no intervino el fiscal nacional, Sabás Chahuán, sino directamente el fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus inicios.
Abogados defensores insistieron en la “desproporcionalidad”
Abogado Julián López | Álvaro Cofré | Agencia UNO
Con sólo 10 minutos de intervención por cada uno de los imputados, las defensas de los actuales internos de Capitán Yéber juegan sus últimas cartas para lograr revertir la prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por arresto domiciliario.
En el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la sociedad.
Respecto de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.
Finalmente, sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho- es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea cambiada a arresto domiciliario total.
Querellantes reafirmaron la gravedad de los delitos imputados
Fiscal Gajardo | Álvaro Cofré | Agencia UNO
Tras las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6 imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su cautelar desde el arresto domiciliario total, a prisión preventiva.
Una de las alocuciones más importantes la tuvo el fiscal Carlos Gajardo, quien criticó el intento de la defensa de culpar a la “mediatización” del caso por parte de la prensa, como factor para ordenar la prisión preventiva de los imputados.
“La fiscalía sólo ha hablado en audiencias. Es la defensa la que se ha paseado por los distintos canales y medios de prensa. Parece que la defensa olvida la gravedad de los hechos que se le imputan a sus representados”, retrucó Gajardo.
De la misma forma, el fiscal recordó que “nunca antes” se había tratado un caso con semejante número de delitos cometidos de forma secuencial, considerando la gran cantidad de boletas y documentos emitidos con el fin de evadir tributos o financiar campañas.
Precisamente sobre este punto, Gajardo tuvo duras palabras. “Nadie pensaba el nivel de relación entre los controladores de este grupo y determinados políticos”, fue su sentencia.
