Los principales sospechosos del denominado Caso Fraude al FUT ya iniciaron acciones que les permitan evitar eventuales penas de cárcel en caso de ser hallados culpables por la justicia, en el marco del mediático proceso que develó un millonario fraude a las arcas fiscales por más de 2 mil millones de pesos.
Pese a que aún no han sido formalizados, los eventuales inculpados por el denominado Fraude al FUT ya evalúan ir a un juicio abreviado mientras continúan realizando acciones que puedan ser consideradas como atenuantes.
El primero en la lista de investigados es el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo López, quien devolvió más de mil millones de pesos a la Tesorería General de la República. A él se suman los controladores del poderoso grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, quienes depositaron el pasado miércoles la suma de 1.191 millones de pesos.
Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) los denunció por un total de 258 facturas y boletas por servicios que no habrían sido prestados entre el 2009 y 2010, y cuyo monto supera los 2 mil millones de pesos.
En un eventual juicio, estas devoluciones podrían ser consideradas como una atenuante, que según la legislación actual, se configura al intentar “reparar con celo el mal causado”. Y de esta forma, evitarían cumplir alguna condena en la cárcel.
Así las cosas, el escenario que plantearía la defensa sería ir a un juicio abreviado, donde tras reconocer el delito, se puede optar a penas remitidas que no incluyen presidio, apelando a las atenuantes.
No obstante, esta posibilidad acarrearía que las cónyuges de Lavín y Délano también sean formalizadas por el uso indebido de boletas de honorarios ideológicamente falsas.
Pero además de los empresarios, en la investigación se suman ex funcionarios del Servicios de Impuestos Internos, quienes han prestado una decisiva colaboración al fiscal que lleva adelante el caso, Carlos Gajardo, lo que ha permitido ir sumando a otros investigados a la causa, además de ir develando la maraña que terminó con un fraude estimado en 2.706 millones de pesos.
