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Contraloría ordena sumarios en Municipio de Puerto Montt por comodatos irregulares
Publicado por: Luis Villegas
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Contralor√≠a orden√≥ a la Municipalidad de Puerto Montt iniciar sumarios administrativos para esclarecer la entrega de una serie de comodatos a diversas organizaciones sociales y privadas de la comuna a partir del a√Īo 1995.

La intromisi√≥n del √≥rgano rector fue solicitada durante el a√Īo pasado por el senador de Renovaci√≥n Nacional Carlos Ignacio Kuschel, quien denunci√≥ diversas situaciones que dieron origen a una investigaci√≥n especial, cuyos resultados, redactados en 60 p√°ginas, llegaron a la oficina de partes del municipio puertomontino cuatro d√≠as ante de las recientes elecciones, pese a esto fue dado a conocer durante la √ļltima sesi√≥n del Concejo Municipal de este martes por el concejal Jos√© Segura, tambi√©n de RN.

La revisión detectó irregularidades en la celebración de diversos contratos entre el municipio de Puerto Montt y diversas entidades sociales y privadas locales, principalmente la entrega de comodatos desde 1995 que carecían de respaldos y requisitos legales.

Se detectaron irregularidades, por ejemplo, en convenios suscritos con el Club de Deportes Puerto Montt, Club de Rodeo Chileno, Asociaci√≥n de F√ļtbol Viejos Cracks, Club de Rugby Los Lobos, Club de Tenis, Universidad de Los Lagos y la empresa de Estacionamiento Subterr√°neos SBT, entre otras organizaciones.

El primero en responder por estas situaciones fue el senador electo y ex alcalde, Rabindranath Quinteros (PS), considerando que el socialista estuvo a la cabeza del Concejo Edilicio durante 12 a√Īos, a partir del a√Īo 2000. Repudi√≥ las cr√≠ticas en su contra, se√Īal√≥ que nunca la Contralor√≠a le solicit√≥ documentaci√≥n alguna y critic√≥, a su vez, al √≥rgano rector por realizar una indagaci√≥n “poco seria”.

Por su parte, el actual alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, evit√≥ emitir juicios apresurados, pero confirm√≥ que instruir√° el inicio de las respectivas investigaciones sumarias para terminar as√≠ con el “desorden administrativo” que impera en el municipio.

La normativa establece 10 días para que el municipio instale las correspondientes investigaciones y 30 días para responder el informe de Contraloría.

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