557 millones de pesos es el monto del fraude que realizaron dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas asociados con dos personas externas, con quienes gestionaban indemnizaciones de retiro anticipado fantasmas, utilizando a personas que figuraban en documentos falsos como empleados públicos, pese a que nunca habían pertenecido al Ministerio.
Fueron cerca de 22 las personas mayores -y de la tercera edad- las que, coludidos con los imputados, cobraron estos pagos indemnizatorios fraudulentos, entre 2010 y 2012.
Ilícitos que fueron denunciados por el subsecretario de la cartera Lucas Palacios, que detectó las irregularidades, entregando los antecedentes al Ministerio Público, en agosto.
En esa oportunidad, el subsecretario informó que a través de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Finanzas se realizaron pagos de indemnizaciones mediante la firma de decretos, a personas que se hicieron pasar por trabajadores del organismo.
Este mediodía se realizó la audiencia de formalización a los imputados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, dejando en prisión preventiva a los ex funcionarios públicos Juan Vergara Moscoso junto a Luis Andrade, mientras que los otros dos que no pertenecían al MOP, Hebaldo Vergara y Ricardo Saavedra, quedaron en libertad, con firma quincenal y arraigo nacional
La investigación -liderada por el fiscal jefe de la unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales- comenzó en agosto con el registro en las oficinas del MOP con la intención de asegurar los medios probatorios y evidencias relacionadas a los hechos denunciados, lo que sumado a los antecedentes entregados por lo propios imputados permitieron que hoy se realizara la audiencia de formalización.
La defensa encabezada por la abogada Javiera Portugueis, que representa al principal implicado, Juan Vergara, señaló que el Tribunal no puede desconocer la colaboración de los imputados, explicando cómo sustentarán la defensa.
Los dos imputados que quedaron con prisión preventiva deberán cumplir la determinación del Tribunal, en el cárcel Santiago Uno, donde permanecerán con reos de delitos económicos y de baja peligrosidad, mientras dure la investigación por los próximos 120 días
