Tras una instancia de análisis en las sentencias absolutorias, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, reconoció que en algunas causas hay un trabajo deficiente por parte de las policías y de los propios defensores.

A 10 años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, aún quedan cosas por mejorar que recaen principalmente en una persecución penal más eficiente, que se mezcla con el trabajo investigativo que está a cargo del Ministerio Público.

En este sentido, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dijo que la mejora es requerida en el análisis de las sentencias absolutorias, en donde debe existir una revisión por parte de los fiscales para ver qué mejorar en todo el proceso.

Por esto, tras un análisis en las sentencias absolutorias, acentuó que existen causas que descansan en un trabajo policial deficiente que se debe corregir, existiendo también ciertas deficiencias por parte de los fiscales.

Además, se dio a conocer que dentro del trabajo del Sistema Procesal Penal, durante los diez años en Valparaíso han ingresados un total de 1 millón 200 mil causas, situando a la zona como la región del país con mayor número de juicios orales y con un número importante de condenas.

En este sentido, surge la interrogante de dotar de más fiscales al sistema en la zona, puesto que está en desmedro en relación al personal con el número de causas ingresadas, trabajando al límite de su capacidad.

Según el fiscal Gómez, esto ya está en conocimiento del fiscal nacional, por lo que se espera que se aumente la dotación de aprobarse el plan de fortalecimiento, que es materia de ley.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, señaló que la población es la demandante. En consecuencia, si existe mayor número de fiscales también tendrá que haber más jueces.

En tanto, respecto al rol de las víctimas dentro del proceso penal, se dio a conocer que se ha generado un número de procedimientos para mejorar el acercamiento con el Ministerio Público, por lo que actualmente se trabaja en la victimización de las víctimas, sobretodo menores de edad, quienes tendrían sólo una instancia para declarar, evitando con ello una sobreexposición.